La generación que creció en El Salvador del postconflicto nunca había escuchado la palabra “golpe” como elemento de la realidad nacional, hasta 2012. Durante varios meses, cuatro bancadas legislativas, con el apoyo institucional del Órgano Ejecutivo, desobedecieron varias sentencias de la Sala de lo Constitucional con el fin de neutralizar a dicho tribunal.
La presión contra el bloque
La desobediencia a la Sala de lo Constitucional provocó el rechazo de distintas instancias no solo públicas, como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sino también instituciones privadas; desde universidades y organizaciones sin fines de lucro de distintas corrientes hasta sindicatos, grupos religiosos y sindicatos.
Los comunicados a favor de la independencia judicial aparecían habitualmente en los periódicos: “Conscientes de la gravedad de la situación, apelamos a la cordura y a la reflexión de quienes parecen haber perdido todo sentido de ponderación”(Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional); “Por el bien común de la nación salvadoreña, respetuosamente instamos a la Honorable Asamblea Legislativa a dar el debido cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional” (Conferencia Episcopal). Como lo recoge un editorial de la UCA, la palabra “golpe” comenzó a usarse para describir lo realizado por los diputados.
El 21 de agosto, la Asamblea Legislativa repitió la elección sin desarticular a la Sala de lo Constitucional. Meses después, un informe de Naciones Unidas, cuya intervención fue clave en la crisis, advirtió al Estado salvadoreño en un informe oficial que “las autoridades nacionales deben acatar y aplicar de buena fe las decisiones de la Sala de lo Constitucional”.
Lee nuestra entrevista con Claudia Umaña: “Se aprendió a vivir en el marco de la Constitución”