El gobierno de Venezuela anunció ayer el inicio de una investigación al antiguo jefe de la empresa petrolera estatal y exembajador ante la ONU. Se investiga a Rafael Ramírez por sus lazos con una vasta conspiración de corrupción pública en PDVSA, dijo el fiscal general Tarek William Saab.
Hace una semana, Ramírez renunció a su puesto de embajador ante la ONU por orden del presidente Nicolás Maduro. Las relaciones entre los dos se habían crispado en tiempos recientes.
Se cree que Ramírez, que nunca formó parte del círculo íntimo de Maduro, es el blanco principal de una operación de limpieza en PDVSA, empresa que dirigió durante más de una década. La purga ha alcanzado dos de sus sucesores en la empresa y un primo suyo, todos arrestados.
Ante el declive de la producción petrolera venezolana y en medio de una severa crisis económica y política, Maduro ha ordenado una gran reestructuración de PDVSA, la fuente de casi todas las finanzas públicas del país en divisa extranjera.
Docenas de funcionarios han sido arrestados en semanas recientes, entre ellos dos exministros de petróleo. Diego Salazar, un primo de Ramírez, fue arrestado por sospecha de haber trasladado 1,600 millones de dólares a bancos en la principalidad de Andorra en Europa.
La fiscalía no ha anunciado ningún cargo específico contra Ramírez, quien desde su renuncia ha negado formar parte de conspiración alguna. Se desconoce su paradero y los intentos de la agencia de noticias APpor pedirle comentario no han dado fruto.
En tiempos recientes, Ramirez había criticado más al gobierno de Maduro en medio de una crisis económica sin precedente, asegurando que sentía la necesidad de expresar su descontento sobre políticas de las cuales era conocedor ya que estuvo tanto tiempo al frente de PDVSA.
Otros en la mira
Pero el gobierno de Maduro tiene a otros exfuncionarios, que no le son afectos, en la mira de la purga que se ha intensificado en los últimos meses dentro de las filas chavistas.
Tarek Saab también informó ayer que investigará a varios exfuncionarios de la Administración del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) por su presunta vinculación con la evasión de impuestos y lavado de dinero a través de paraísos fiscales, enmarcado en el caso conocido como “papeles de Panamá”.
El Ministerio Público del país caribeño reabrió una investigación penal por este caso difundido en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que involucra a figuras políticas, deportivas y del espectáculo de varios países.
Saab señaló directamente a Eudomario Carruyo, que se desempeñó como directivo de la estatal petrolera PDVSA durante la década pasada, y a Víctor Cruz, antiguo jefe de un plan gubernamental llamado Bolívar 2000, que consistió en el despliegue de miles de militares en todo el país para brindar ayuda social a los más pobres.
Asimismo, nombró al militar Adrián Velásquez, un cercano guardaespaldas de Hugo Chávez, y a Claudia Díaz, que se desempeñó como Tesorera de la Nación.
“Ellos movilizan, ocultan y buscan de manera ilícita legalizar los capitales provenientes de este delito (corrupción)”, dijo el fiscal tras advertir que harán registros en las propiedades de los señalados “en búsqueda de informaciones útiles vinculadas a estos hechos”.
Saab -en el cargo desde agosto pasado por designio de la oficialista Asamblea Constituyente- aseguró que estos casos no habían sido investigados antes por orden de su antecesora, Luisa Ortega Díaz, que fue cercana al Gobierno de Nicolás Maduro y ahora lo denuncia como un régimen opresor, tras huir de Venezuela. Díaz partió a Colombia, donde se ha radicado, aunque viaja por el mundo denunciando a Maduro.