Diputados y funcionarios oficialistas han rechazado categóricamente la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en el país, similar a la de Guatemala. Es evidente, sin embargo, que su negativa no está motivada por un compromiso genuino de velar por los intereses de la sociedad, sino que es alimentada por la incertidumbre y los temores de las potenciales consecuencias que las investigaciones desarrolladas por dicho cuerpo puedan tener para ellos y su reducido grupo.
El discurso oficial para negarse a solicitar ayuda extranjera para luchar contra la impunidad es que el país no está en una situación tan grave como en la que estaba Guatemala cuando se creó la CICIG y que, por tanto, estamos a tiempo para fortalecer las instituciones propias para salir adelante. Algunos han insinuado, incluso, que la instauración de un proyecto similar atentaría contra la soberanía de El Salvador. Ninguno de estos argumentos tiene sustento. Crear una comisión como la CICIG ayudaría a acelerar el fortalecimiento del sistema de justicia penal salvadoreño. No tendría un impacto negativo en absoluto. Al contrario, proveería el contexto idóneo para que se hicieran los cambios drásticos que son necesarios para que los ciudadanos gocen de los beneficios de tener un aparato de seguridad y justicia de primer nivel.
Por más que he tratado de identificar una consecuencia negativa que la CICIG hubiese producido para Guatemala, no he podido encontrar una tan sola que tenga el suficiente peso como para que el Gobierno se niegue a iniciar un proyecto similar en El Salvador. Claro, éste es el resultado de hacer el análisis desde la perspectiva de un ciudadano común y corriente. No obstante, si se repite el ejercicio desde los zapatos Ferragamo, tan comunes entre la clase política, el escenario cambia. Por supuesto que los funcionarios que no caminan recto verán una amenaza en algo como la CICIG. La amenaza, sin embargo, no es contra la democracia, la soberanía o la seguridad del país, sino contra las prácticas corruptas y oscuras dentro del aparato estatal.
Algunos funcionarios no han ocultado las ganancias acumuladas a través de las redes de corrupción que han dirigido dentro de instituciones públicas, evidenciando la impunidad con la que operan. Están seguros de que la justicia nunca los alcanzará. Similarmente, otros burócratas han institucionalizado prácticas oscuras dentro del Estado sin mostrar preocupación alguna por ser objeto de procesos judiciales futuros. Las presuntas ejecuciones extrajudiciales es una de las más graves prácticas. Las recientes declaraciones de Howard Cotto, director de la PNC, en las que advierte que se avecina una campaña en contra de la institución relacionada con abusos de fuerza, indica que es un tema complicado del que se conocerá más en los próximos días.
Claro que quienes han participado en prácticas ilegales o que de la noche a la mañana se han convertido en poderosos magnates inmobiliarios a través de la corrupción, verán como una amenaza la posibilidad que se instaure una comisión internacional contra la impunidad. Es entendible que sientan temor. Después de operar bajo el supuesto de que cualquier investigación o proceso es fácilmente manipulable, es razonable que experimenten ansiedad al ponderar las acciones cuestionables o ilegales que han desarrollado.
Su temor es entendible, pero inaceptable. El Salvador no necesita cobardes. El Salvador necesita gente valiente que esté dispuesta a sacrificar todo por su país. Esperar que por su buena voluntad accedan a superar sus temores, sería ingenuo. Los valientes tienen que salir de los ciudadanos comunes y corrientes. Es necesario que salgamos de nuestra comodidad y dediquemos tiempo a contribuir, desde donde sea y como sea, a presionar y buscar la forma de que se cree una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Es lo mínimo que podemos hacer por que las futuras generaciones tengan un mejor país.
*Criminólogo @cponce_sv