La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, en julio del año pasado, abrió la posibilidad para que la Fiscalía General investigue 30 crímenes de guerra contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, que se cometieron en el marco del conflicto armado que terminó el 16 de enero de 1992 con los Acuerdos de Paz.
Pasado un año desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogase la ley que protegía a militares y exguerrilleros, los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial acudieron a una audiencia para explicar a los magistrados constitucionales el seguimiento que le habían dado al tema.
De todos, el único que señaló acciones concretas fue el Fiscal General Douglas Meléndez, quien detalló a los magistrados que ha creado una unidad para investigar crímenes de guerra que hasta esa fecha contaba con 139 casos denuncias, pero de ellos solo 19 eran investigados.
El fiscal Meléndez sostuvo que los tribunales de justicia que procesaron los casos antiguos deberían de reabrirlos de oficio, ya que antes de la vigencia del actual Código Procesal Penal, la Fiscalía no tenía ninguna participación en forma directa con la parte acusatoria. Hay casos que fueron cerrados por los tribunales atendiendo la Ley de Amnistía de 1993.
“Los juzgados oficiosamente a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional (sentencia que derogó la Ley de Amnistía) reaperturen esos casos”, dijo Meléndez.
Aseguró que todas las personas que se consideren víctimas de crímenes ocurridos en el conflicto armado tienen derecho a exigir justicia.
“En este contexto de crímenes de guerra lo que ha pasado es que tenemos cantidad de casos fuertes que no los podemos atender a todos, en este preciso momento”, dijo Meléndez, pero sostuvo que se dotará de más recursos a la unidad que fue creada para investigar los crímenes de guerra.
A las investigaciones por esos hechos se han sumado una serie de denuncias de salvadoreños que residen en el extranjero para que la Fiscalía investigue el desaparecimiento de familiares durante el conflicto armado.
“Todos los casos que ocurrieron en el guerra son relevantes, desde las masacres, el caso de los Jesuitas”, dijo Meléndez, quien agregó que acompañaran en los tribunales a todos esos procesos.
A inicios de septiembre pasado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la pasividad del Estado salvadoreño para indagar crímenes ocurridos en el marco del conflicto.
La Ley de Amnistía, aprobada en 1993, permitió en su momento exonerar penalmente a todas las personas que se supone participaron en delitos políticos, comunes y conexos antes del 1 de enero de 1992, pero en el marco del conflicto armado que se prolongó por doce años.
Algunas personas que fueron vinculadas por la Comisión de la Verdad en crímenes considerados como de lesa humanidad ahora son funcionarios del Estado: diputados, funcionarios de gobierno entre los que figuran altos jefes policiales y titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La Policía Nacional Civil (PNC), nació de los Acuerdos de Paz en sustitución de los antiguos cuerpos de seguridad, y no escapa a que algunos de sus altos jefes estén denunciados por crímenes de guerra.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde; el viceministro de Prevención de Seguridad Pública, Luis Roberto Flores Hidalgo; el director de la Policía, Howard Cotto; y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima; encabezan el listado de los 35 funcionarios de la PNC y de Seguridad Pública denunciados recientemente por el abogado Fernán Camilo Álvarez Consuegra ante la Fiscalía.
El director del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), comisionado Édgar Lizama Rivera, es otro de los oficiales de alto rango de la Policía que también ha sido denunciado.
Se suma a la lista el sudirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública, José Manuel Olivares. El resto de oficiales de la Policía denunciados son comisionados, subcomisionados y algunos hasta desempeñan jefaturas.
Álvarez Consuegra cree que el ente fiscal tiene la obligación de investigar aquellos supuestos delitos que se cometieron en contra de la población civil por parte del FMLN durante la llamada ofensiva final de noviembre de 1989.
“Es obligación de la Fiscalía, en base a sus atribuciones constitucionales, abrir una investigación aunque involucre a funcionarios públicos presentes”, señala el abogado.
Y agrega que “dada la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no pueden iniciarse investigaciones separadas o individuales, pues los hechos fueron colectivos y, a partir de esa investigación general, llegar a la individualización de los mismos”.
Aseguró que éstos funcionarios son oficiales de la Policía de carrera y formaron parte de la cuota del 20 % que le correspondía al FMLN para incorporar a sus miembros a la recién creada Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo al pacto suscrito entre el gobierno de ese momento y el FMLN.
Las investigaciones
La Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía informó que este caso está siendo investigado por el recién creado Grupo Especial de la Fiscalía. El proceso tiene etiqueta de “sobreaveriguar” porque hay más de 100 personas denunciadas.
El problema en el que se han enfrentado los fiscales es que el abogado Álvarez no individualiza a los denunciantes, no dice en cuáles casos de supuestos crímenes participaron en el contexto de la ofensiva.
Pese a esa limitante, los fiscales han continuado recabando la mayor información posible con respecto a los hechos denunciados como paso previo para poder individualizar a los supuestos responsables de los mismos.
Los oficiales de la Policía denunciados, según el abogado Álvarez, son partícipes directa o indirectamente de las acciones armadas en contra de la población. Cree que los denunciados son responsables de la “toma de rehenes en las distintas colonias, ataques indiscriminados contra la población civil en las ciudades y la utilización de las personas ajenas al conflicto armado como escudos humanos”.
Para él, los residentes de las colonias tomadas por la exguerrilla fueron los más perjudicados por la “autoría, planificación, coordinación, y ejecución de tal agresión armada, ya que estas acciones dieron como resultado la violación del Derecho Internacional Humanitario.
“No hay que escarbar las cosas malas del pasado”
El ministro de Defensa David Munguía Payés cree que los salvadoreños ya no debemos de “seguir escarbando las cosas malas del pasado”. Para él “lo más importante es ver hacia el futuro, los salvadoreños no podemos seguir peleándonos entre nosotros y escarbando las cosas malas del pasado, debemos de aprender del pasado y debemos de ver más hacia el futuro”.
Consideró que “uno de los principales problemas que tiene esta sociedad salvadoreña es que constantemente está en conflicto, se terminó la guerra y continuaron conflictos de otro tipo y lo hemos seguido teniendo”.
Reconoció que hubo “gestas gloriosas” dentro de la Fuerza Armada, en el pasado conflicto armado, pero también hubo “algunos errores”.