Durante la pasada campaña, el actual Alcalde de San Salvador se burló de su adversario cuando este ofreció colocar una estatua de Monseñor Romero en la Plaza San Martín, a un costado de Catedral, pues decía que no había ningún lugar con ese nombre. Resulta irónico que el primer espacio público que cercó en el Centro Histórico fuera justamente esa plaza.
Con ese antecedente, no podíamos esperar que el principal funcionario de la ciudad, quien demostró que no la conocía, respetara el patrimonio cultural de San Salvador.
En ese sentido, patrimonio de San Salvador eran también el escudo y la bandera capitalinos, el primero obra del pintor José Mejía Vides, que ganó un concurso en 1943, promovido por la municipalidad liderada por José María Melara.
Ese escudo acompañó durante 72 años a San Salvador, es el que identifica a la capital, está en la vara edilicia, en el llamado “Kilómetro 0”, está colgado en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa con 13 más que representan a las 14 cabeceras departamentales, y en infinidad de obras que a lo largo de este período inauguraron las diferentes administraciones municipales. Hoy, el supuesto escudo es un logo que responde a un interés particular.
Junto al escudo, en 1943, Melara instituyó como bandera de la ciudad la que tuvo El Salvador desde 1865 a 1912 –con la diferencia que tenía en su esquina superior izquierda el escudo de la capital-. Esa bandera salvadoreña fue sustituida por la actual azul y blanco, al ser izada por primera vez en el Campo de Marte el 15 de septiembre de 1912 por Manuel Enrique Araujo. Sin embargo, toda esa historia fue borrada de un plumazo por la actual administración por el simple deseo de figurar.
Con estos antecedentes, correspondía a la Secretaría de Cultura asumir un rol de supervisión mayor, porque el patrimonio de la ciudad estaba en manos de una persona que no reconoce esa riqueza histórica y, de forma preocupante, demuestra que, además, está dispuesta a hacer a un lado la ley a base de matonería por el simple gusto de satisfacer su capricho.
La mejor muestra de esto es lo sucedido en la Plaza Libertad. Este espacio público está vinculado estrechamente a la fundación de la ciudad, el país y al desarrollo de nuestra identidad. Llamada a lo largo de los años Plaza Mayor, Plaza de Armas, Plaza Dueñas, ese valor se le reconoce al ser el epicentro de los actos conmemorativos de la Independencia Patria.
No es de menos, un obelisco que se ubica al costado sur de la plaza recuerda el momento en que José Matías Delgado congregó a los ciudadanos para comunicarles, en 1821, que el Acta de Independencia había sido firmada. Justamente, en ese lugar, pretendí construir un mercado que iba a recrear la fachada del antiguo cabildo de San Salvador; sin embargo, nosotros, a pesar de tener los recursos, diseños, permisos y todos los documentos, sí permitimos los estudios de arqueología de Secultura.
De hecho, se contrató a Heriberto Erquicia para desarrollar las investigaciones, lo cierto es que al final, producto de esos estudios y bajo el argumento de que era necesario continuar las excavaciones realizadas en 2012, Secultura negó el permiso. El inmueble no se construyó y el dinero quedó en las arcas municipales, pero esa afirmación hace valedero el interés de la institución en realizar la exploración que anunció que haría tras revelarse en los medios la destrucción de la Plaza Libertad, en la que únicamente se respetó el monumento erigido el 5 de noviembre de 1911, en ocasión de conmemorar el centenario del Primer Grito de Independencia.
Pero, lejos de permitir esos trabajos, la autoridad municipal incurrió en desacato al desplegar el CAM y amenazar con demandar a Secultura, institución que finalmente, con la cola entre las patas, dejó el tema a un lado.
Nuestro patrimonio está sujeto a múltiples presiones; por lo tanto, al frente de Secultura se necesita una persona que esté dispuesta a defenderlo a toda costa y, sobre todo, hacer que se respete la ley.
Secultura, amparada en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, puede llegar en cualquier momento a investigar, detener la construcción de una obra, sancionar a un funcionario; sin embargo, para actuar en tal sentido se necesita una actitud firme y no ser pusilánime, tal como sucedió en este caso.
Nuestra administración fue respetuosa de las indicaciones de dicho ente en las remodelaciones de las plazas Morazán y Barrios, en esta última se colocó una réplica de la banca en la que fue atacado el 4 febrero de 1913 el entonces presidente Manuel Enrique Araujo –falleció cinco días después–, la que esperamos se haya respetado.
Ahora, en estos casos no sólo debe intervenir Secultura, también la Corte de Cuentas, porque qué sentido tiene remodelar estas plazas cuando, prácticamente, la Barrios fue intervenida hace apenas cinco años y la Morazán no tiene ni dos años. Eso es dilapidar el dinero de los capitalinos, es una inversión dispendiosa para alimentar únicamente el ego del titular de turno en la Alcaldía de San Salvador.
La inoperancia de la Secretaría de Cultura para defender el patrimonio de los capitalinos nos llevó a Margarita Escobar y a su servidor a interponer una pieza de correspondencia para solicitar su presencia en la Asamblea Legislativa y rindiera las explicaciones correspondientes por haber fallado en su misión de dictar medidas de protección en favor de los bienes históricos de los salvadoreños.
Sin embargo, nuevamente el FMLN impidió que uno de sus funcionarios rindiera un informe ante la comisión correspondiente, dejando a un lado la labor contralora que debemos ejercer como órgano de Estado. En esas condiciones, ¿quién o qué instancia vela por la defensa de nuestro patrimonio nacional? Pues… aparentemente, nadie.
*Diputado.