La mayoría de salvadoreños percibe que la administración gubernamental del país es caótica. Esto, en gran medida, es atribuible a la inefectividad e ineficiencia proyectada por el trabajo de las diferentes carteras de Estado. Los encargados de la seguridad, por ejemplo, constantemente aparecen en los medios de comunicación pidiendo dinero en nombre del combate a la delincuencia, en cada ocasión haciendo creer que ese poquito más de dinero por el que abogan es la solución ante los problemas de inseguridad, pero sin que al final esto se traduzca en vecindarios más tranquilos. Similarmente, los que administran las finanzas públicas no cesan de salir en los medios de comunicación argumentando que el dinero no alcanza porque muchos no pagan sus impuestos, pero reportan recaudaciones progresivamente mayores. Claro, los gastos, lujos y abusos de los funcionarios también son cada vez más evidentes y cuantiosos. Al final, parece como que si el Ministro de Hacienda no se ha dado cuenta que tiene más dinero, pero que lo está gastando mal.
La constante contradicción entre el discurso y las promesas de los funcionarios con el trabajo y los resultados de sus instituciones, da la impresión que en el Gobierno Central impera el desorden. Lo que dicen y hacen los burócratas estatales siempre chocan. Los casos más peligrosos son aquellos en donde se da un efecto cruzado, en los que el resultado tiene consecuencias transversales. El caso más ilustrativo es el impacto que el incremento al salario mínimo tendrá sobre la informalidad y, en consecuencia, la seguridad pública.
Andrés Ham, candidato doctoral de economía aplicada y agrícola en la Universidad de Illinois, publicó un estudio el año pasado en el que analizó el efecto de incrementar el salario mínimo en países en desarrollo. La investigación se concentró en Honduras y el período examinado incluye el incremento del 60 % en el salario mínimo real impulsado por el expresidente Manuel Zelaya. Según el robusto análisis estadístico de Ham, por cada 10 % de incremento en el salario mínimo real se registró una disminución del 1 % en la tasa de empleo. Además, encontró que ese porcentaje de aumento también disminuyó la probabilidad de empleo formal en 8 % e incrementó la probabilidad de empleo en el sector informal en más del 5 %. El investigador explica que el desplazamiento de trabajadores al sector informal afecta el punto de equilibrio entre demanda y oferta de trabajo informal, reduciendo el salario percibido por empleados informales en casi 7 %. Los resultados del estudio además indican que el aumento del salario mínimo real incrementó el nivel de pobreza tanto en el sector formal como en el informal.
La implicación más importante de la investigación, según Ham, es que los aumentos en el salario mínimo pueden tener efectos nocivos en economías en las que el sector informal tiene un gran peso y, por lo tanto, cualquier ajuste debe de considerar las dinámicas particulares de ese sector. Según estudios de Fusades, el 55 % de los empleos en El Salvador los provee el sector informal. Esto sugiere que, considerando los resultados del estudio de Ham, el incremento en el salario mínimo aumentará esta cifra aún más. El sector informal es el más victimizado por la delincuencia, especialmente por los extorsionistas. Es por ello que la extorsión y su impacto sobre las finanzas y operaciones de este sector, se ha identificado como el principal obstáculo para el desarrollo económico en el país. Fomentar la informalidad a través del aumento del salario mínimo sin duda tendrá impacto no solo sobre la economía, sino también sobre la criminalidad, agudizando las consecuencias de la extorsión.
La incoherencia evidente en el aparato estatal, percibida como desorden por la ciudadanía, tiene efectos desastrosos y masivos. Mientras se sigan saliendo con la suya los malos políticos y funcionarios, el país se seguirá hundiendo más.
*Criminólogo
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