La rendición de cuentas por parte de los partidos políticos sobre quiénes son sus principales financistas aún requiere de más control por parte de las instituciones encargadas, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana, por lo que ayer propuso que se establezcan más castigos para las organizaciones políticas que no revelen los datos de sus donaciones.
La organización presentó ayer el Informe sobre Transparencia Financiera de los Partidos, en el que destaca que las instituciones políticas no han cumplido del todo con la legislación de partidos, que los obliga a presentar informes sobre el dinero que reciben de sus financistas, tanto públicos como privados.
En ese sentido, una de las grandes conclusiones del informe de Acción Ciudadana es que se deben realizar reformas para poner más castigos a los institutos que no cumplan con esta obligación.
Entre esas sanciones está elevar las cuantías de las multas, pues señalan que estas son demasiado bajas con relación a la cantidad de fondos que los partidos manejan.
Además, están proponiendo que se establezca la suspensión del financiamiento, así como la prohibición de inscribir candidaturas, anular las victorias electorales o cancelar la inscripción de un partido político.
“Se plantea la necesidad de las reformas porque los incentivos que genera el sistema no son los adecuados para procurar altos niveles de cumplimiento de la ley, mucho menos para contar con la debida transparencia en las finanzas de los partidos”, señala Acción Ciudadana.
Es que, según la organización, tal como está configurado en la actualidad el sistema de financiamiento, “no permite esclarecer del todo la relación entre el dinero y la política, lo que propicia condiciones para la ocurrencia de actos de corrupción”.
En esa misma línea, el informe señala que es necesario establecer límites al financiamiento que reciben las formaciones políticas.
“Con esto se podría reducir la mercantilización de los procesos electorales para procurar mayor equidad en la contienda y en el ejercicio del sufragio”, advierte el documento de Acción Ciudadana.
La tesis de la organización es que el partido que gaste más fondos tiene mayores posibilidades de obtener el triunfo, algo que vuelve “inequitativo” el proceso electoral.
“Aparte, se genera inequidad en el ejercicio del sufragio, pues para el funcionario público que fue electo tendrá más peso la opinión del gran donante que la de aquel ciudadano que no donó cuantiosas cifras”, manifiesta.
Entes de control
El diagnóstico de Acción Ciudadana también arroja que las instituciones encargadas del control de los fondos que los partidos reciben de los donantes deben tener “desarrolladas sus capacidades” para poder ejercer una mejor fiscalización.
Esto implica que la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral cuenten con los recursos necesarios para poder ejercer dicha fiscalización, además de crear las auditorías necesarias para determinar si los partidos están cumpliendo con la obligación de revelar a sus donantes, según detalla el informe.
“La Corte de Cuentas debe adoptar su rol de ente contralor de los recursos estatales y constituirse en un bastión de fiscalización de la política en El Salvador, por medio de la auditoría oportuna y efectiva a los fondos públicos que reciben, manejan y gastan los partidos”, agrega la organización.
Por otra parte, insiste en que la información financiera de los partidos debe ser “oficiosa”, es decir que tiene que ser publicada en los portales de transparencia que las mismas organizaciones políticas destinen para ello.
Esto implica que deben hacer públicos los datos como facturas, comprobantes de donación, entre otros, con miras a tener actualizada su información financiera.
Señala, además, que hay casos de partidos que no tienen actualizada la información, faltando datos de 2016.
El panel
La presentación del informe también contó con un panel de discusión sobre el tema del financiamiento político, en el que participaron los expertos Roody Reserve, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el especialista Gerardo Berthin.
De acuerdo con Berthin, uno de los casos emblemáticos sobre opacidad en el sistema de financiamiento político es el de los sobornos por pate de la contratista Odebrecht en varios países de Latinoamérica.
“El caso Odebrecht, recientemente en la región, nos muestra bastantes ejemplos de cómo puede haber una cierta incidencia en la compra no solo de favores políticos, sino en debilitar los sistemas de control de los países latinoamericanos”, explicó.
En la misma línea, el experto sostuvo que en la medida en que hagan transparentes las finanzas de los partidos, la ciudadanía va a tener mayor confianza ellos.
“En cualquier democracia la base son los partidos políticos y estos tienen que tener de una y otra forma la capacidad de rendir cuentas a las ciudadanía”, acotó.
En tanto, el especialista Reserve consideró que el rol que juegan los partidos para la democracia hace que estos sean centrales para que funcione el sistema político.
“Una cosa tan sencilla como saber de dónde proviene el dinero que reciben los partidos, el monto y qué hacen de ello, eso es importante para evitar corrupción, para evitar la compra de voluntades y asegurar lo mínimo para que funcione el sistema. Evidentemente eso no es suficiente para que todo marche bien, pero sabemos que si no tenemos eso, las cosas no van a funcionar”, acotó.
Según dijeron, las reformas para garantizar más transparencia también son urgentes en sistema como el nuestro.