El cumplimiento de las medidas pactadas en los más de veinte ejercicios de diálogo celebrados después del acuerdo de paz nos habría permitido dar un salto de calidad en los ámbitos político, económico y social. Esas alianzas contaron con el respaldo de una pluralidad de ciudadanos representativos de los sectores gubernamental, privado, sindical, académico, social y eclesiástico. Se trató de iniciativas convocadas, en su mayoría, por los respectivos gobiernos de ARENA y del FMLN. Otras surgieron por decisión de los partidos políticos y ninguna por presión de la sociedad civil.
En estas instancias se abordaron temáticas muy diversas: la inseguridad ciudadana, la revisión del sistema electoral, la reforma del sector salud, la modernización de la educación pública, una estrategia nacional con un enfoque de desarrollo territorial, los derechos laborales, el crecimiento económico, la generación de empleo, la deuda pública, la reducción de la pobreza, la inversión en el medio ambiente, la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros.
Sin embargo nos ha faltado capacidad de gestión. Lo acordado o no se consumó, o se ejecutó a medias o, peor aún, únicamente se realizó aquello que arrojaba réditos electorales. Se antepuso el inmediatismo, esa necedad de obtener resultados rápidos y veloces ignorando que los efectos de las reformas de gran calado toman su tiempo en consolidarse.
Diversos proyectos de ley no fueron aprobados. La legislación sobre el aprendizaje, que procuraba el establecimiento de un régimen voluntario en el que las empresas abrirían espacios para que los jóvenes se instruyeran en un determinado oficio; una nueva ley del servicio civil, con el propósito de sustituir el clientelismo político por la meritocracia al momento de contratar personal para las oficinas públicas; y las normas para reactivar el empleo, que habrían permitido horarios flexibles para que los trabajadores optaran a distintas fuentes de ingresos, simplemente fueron descartados. Lo mismo sucedió con las ideas de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El impulso del ecoturismo en la zona de los volcanes, el aprovechamiento del Río Lempa para la producción de servicios ambientales, y el empuje de la región costera de Comalapa, que se destinaría a la innovación y exportación agrícola e industrial, se quedaron en el escritorio de los funcionarios de turno.
En el “Pacto de San Andrés” se hablaba ya de profesionalizar el Organismo de Inteligencia del Estado, de la creación de un escalafón salarial “técnicamente diseñado” para dar los incentivos correctos en función del desempeño, de impulsar la descentralización municipal, desahogando de esa manera al Ejecutivo, y del aumento de salarios vinculados a la productividad. Materias de igual importancia fueron discutidas en la CND, en el Plan de Educación 2021, en la Comisión Nacional de Modernización Laboral y en la Comisión Multidisciplinaria que atendió la crisis financiera de 2008.
En buena parte la ambición por alcanzar el poder político y el extremismo ideológico han contribuido al reducido impacto de lo acordado. Aún persiste el debate sobre el sistema económico, la forma de gobierno y el papel del Estado que los Constituyentes incorporaron en la Ley Fundamental. Estos son aspectos esenciales cuya estabilidad es clave para promover la certidumbre y la predictibilidad que busca todo inversionista. El éxito en otras latitudes se ha debido, entre otras variables, al consentimiento unánime de los responsables políticos, sociales y empresariales para garantizar la permanencia e inamovilidad de esos temas e impedir que se amenace con cambiarlos en cada ocasión en la que se instala una mesa de debate nacional.
La experiencia latinoamericana demuestra que las negociaciones sobre el régimen político y el sistema económico han derivado en el fortalecimiento del republicanismo para asegurar la separación de poderes y en el funcionamiento autónomo de las instituciones públicas, así como en la instauración de las condiciones que permitan a las empresas expandir sus inversiones y generar empleos en un entorno de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada. Lo mismo ha sucedido en el área social donde se han concretado planes y programas sostenibles financieramente, alejados del populismo y con rendimientos medibles en el corto, mediano y largo plazo.
*Columnista de El Diario de Hoy