Un militar del Estado Mayor Presidencial está siendo juzgado no por haber atropellado a una persona en una carretera de La Libertad sino por haber “movido” la escena del crimen, amén de que nunca se determinó con claridad qué hacía un vehículo oficial en estos lares, a altas horas de la noche, mucho menos quiénes eran los pasajeros (se dice que un nieto del Presidente). Lo que sí podemos señalar a todas luces son amaños.
Otro motorista de Casa Presidencial también será juzgado por atropellar y matar a una persona en una de las calles de Soyapango. El hecho ocurrido la semana pasada tiene indicios de amaños, pues además de que el conductor huyó, el atropellado fue declarado como indigente. No se le reconocía porque no tenía documentos de identidad (el mismo Secretario de Comunicaciones del Gobierno dijo que se trataba de un indigente, aunque después corrigió); la familia, después de muchas idas y venidas, identificó el cadáver en Medicina Legal, determinó que se trataba de un abogado que laboraba en la Corte de Cuentas, además tiene otra versión que dista de la oficial. A todas luces un caso que huele mal, muy mal.
Esto es el ámbito de los accidentes de tránsito que conocemos, pero hay otro tipo de amaños que cada vez se hacen comunes en la gestión gubernamental, y estos tienen que ver con el pago de servicios a los proveedores pequeños, medianos y grandes.
No es posible que con todo cinismo una institución tan prestigiosa como lo es la Policía Nacional Civil (PNC) adeude cuatro, cinco, seis o más meses a los dueños de los locales que utiliza la policía... o que no pague por un servicio o producto que le fue dado por una empresa que tuvo que comprar los insumos, pagar a los trabajadores, contribuir al pago de impuestos, entre otros, y que simplemente tenga en su haber un quedan de hace varios meses con la promesa de cumplir con la deuda “cuando Hacienda deposite”.
Aquí hay una distorsión nefasta de grandes consecuencias como es poner en tela de juicio lo esencial en una transacción comercial, como es romper el pacto de caballeros o el contratado formal. Simplemente se rompe la cadencia del negocio honrado y legal, además que se suma un costo más al producto y servicio como es “financiar al gobierno de manera encubierta”. Sí, así de claro, los mil dólares que me debe por alquiler mensual (que suma seis mil si son seis meses), los 20 mil dólares por papelería dada a una institución del gobierno o por la instalación de un aire acondicionado en una oficina pública o los uniformes o cuadernos dados a una escuela son dineros que “están perdiendo valor” en relación al producto o servicio prestado en su momento.
Tan simple como lo siguiente: ¿qué pasaría si este proveedor no paga al banco el préstamo que se le dio para prestar el servicio al gobierno?... sin duda alguna el banco comenzará proceso de cobro, y a medida no se solucione el problema, el proceso se va haciendo más difícil hasta llegar a perder la garantía...
Hay todavía un tipo de amaños más grave que el gobierno ha intentado interpretar como parte de una estrategia de la oposición para frenarle, cortarle el financiamiento e incluso señalar que se trata de una conspiración de la derecha contra el gobierno de izquierda, sí, me refiero a algunos de los casos que han llegado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Uno, el préstamo de $900 millones parado en la Corte, porque fue aprobado por un voto de una diputada que fue sustituida a última hora; o el financiamiento de los partidos políticos o la validez del voto de los diputados suplentes, por cierto, ahora fuera del escenario político sin que se haya notado en un ápice la importancia y validez de los diputados suplentes (excepto que ha habido ciertos ahorros por el cese de este rubro de la Asamblea Legislativa). Y en las últimas semanas, el análisis que hacen los magistrados de la Corte en torno al uso de las vías especiales del Sitramss, no porque sean útiles o no, porque se trata de una obra de beneficio o que muestre tendencia de progreso en el transporte, sino simplemente por el procedimiento utilizado donde a todas luces, el tema debería haber sido llevado a la Asamblea Legislativa.
Todos estos casos no tienen interés político partidarios, simplemente la Corte ha determino fallos, fallos claros, amaños contundentes en la clase política y por eso los paró... el fondo de la cuestión es que deben respetarse las leyes, seguir el proceso expedito y no saltar con la viveza de ratón para alcanzar un objetivo pasando por encima de lo que pide la legalidad.
Dicho en pocas palabras, el gobierno de la República, elegido a través de elecciones libres y directas, siguiendo y cumpliendo a cabalidad las leyes, lo que le da legitimidad, debe ser el primero, el garante indiscutible de las leyes, de la legalidad, de los procesos legales y cumplir, contra viento y marea, todos sus compromisos. Es el gobierno el que debe dar ejemplo de los procesos expeditos de ley porque ha jurado y perjurado hacer cumplir las leyes. Al no hacerlo, está dando no solo un mal ejemplo, sino justificando que la ciudadanía también no cumpla sus promesas... es grave la situación.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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