El pasado lunes, el rector de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), Andreu Oliva, y miembros del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, solicitaron al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador abrir nuevamente el caso Jesuitas, a 28 años del asesinato de seis sacerdotes y dos colaboradoras por miembros del ejército. En esta entrevista, el rector de la UCA explica cuáles son las razones de su solicitud.
¿Qué se busca con la apertura del caso?
Buscamos el conocimiento de la verdad y que se haga justicia para evitar la repetición de estos hechos para terminar, de alguna manera, con la impunidad de la Fuerza Armada en este caso y muchos otros.
¿Cuáles serían esas penas?
Lo que importa es que los que fueron perpetradores de esos crímenes puedan descargarse del daño que hicieron y que las víctimas puedan ser resarcidas. Eso puede hacerse en una colaboración entre victimarios y víctimas; los victimarios porque les ofrecen a las víctimas la verdad, pero también porque pueden contribuir a reparar el daño que se les ha hecho. Aquí hemos oído todavía que algunos de los perpetradores dicen "esas personas murieron en el conflicto porque eran subversivos, porque eran comunistas".
Estas siguen siendo acusaciones falsas. En cambio, reconocer que eran campesinos, personas que participaban de las organizaciones populares, y que se utilizaron métodos contrarios a toda legislación internacional... Eso, de alguna manera, es contribuir a reparar el daño que se ha causado a estas personas. Muchas veces las víctimas han manifestado que el que se reconozca la injusticia, que se les pida perdón, es más reparador que una persona cumpla con una pena de cárcel.
¿Cuál es su lectura sobre las víctimas de la guerrilla?
La misma. Todos aquellos que violaron los derechos humanos también deben ser llevados ante la justicia porque también hay personas que tienen el derecho a conocer la verdad y a tener justicia cuando se vieron afectadas por la guerrilla. Pero hay que reconocer que los casos son menos y de menor crueldad. Creo que hay menos solicitudes de este tipo de derechos, pero eso no exime. Aunque hubiera una sola persona es importante que también ahí haya una reconciliación y que la guerrilla reconozca que cometió crímenes y que pida perdón o que ayude a encontrar a los familiares.
Más allá de los números, muchos de los miembros de la guerrilla son hoy funcionarios. ¿Es compatible reparar estos daños y habilitar a personas involucradas en estos crímenes a ejercer cargos de función pública?
Una de las recomendación de la Comisión de la Verdad era que las personas que habían sido involucradas en estos crímenes fueran inhabilitadas por un período determinado. Desde esa perspectiva creo que este tipo de penas son penas que pueden aplicarse y que son válidas.
¿Refuta la idea de que la segunda amnistía, la amplia, fue necesaria para seguir con el proceso de paz?
No creo que fue necesaria, creo que fue el fruto de un pacto entre el ejército y la alta dirigencia de la guerrilla porque al salir involucrados (en el informe) miembros del ejército y de la guerrilla, en crímenes de guerra y de lesa humanidad, dijeron “esto no nos conviene, no hemos firmado la paz para ir a la cárcel, hagamos un acuerdo y que haya una amnistía amplia para todos”. Pero realmente no aportó nada.
Los participantes de ese pacto dirían que eso posibilitó seguir con el proceso de paz.
Si eso posibilitó seguir el proceso de paz es porque alguien dijo “con esta amnistía (la primera) no vamos a seguir el proceso”, por tanto estaban de alguna manera diciendo no a lo acordado.
En los Acuerdos de Paz acordaron seguir la recomendaciones de la Comisión de la Verdad, acordaron terminar con la impunidad y acordaron llevar ante la justicia aquellos crímenes, tanto para la Fuerza Armada como para la guerrilla.
¿Por qué cambia esto un año después cuando sale el informe de la Comisión? Porque en el fondo firmaron sin estar dispuestos a cumplir con el acuerdo, pero creo que en ese momento había la fuerza suficiente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional -teníamos el acompañamiento de Naciones Unidas- para poder llevar adelante lo que ya se había acordado.
De hecho, nosotros tenemos una carta del entonces coordinador general del FMLN diciendo que estaban dispuestos a cumplir todos los puntos de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y esa carta es posterior a que saliera a la luz pública el informe de la Comisión.
¿Por quién iba firmada esa carta?
Por Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, actualmente.