La unidireccionalidad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha tomado el presidente de la institución, Julio Olivo, en cuanto al plan de seguridad electoral para los comicios del próximo año, tiene incómodos a los magistrados de esa entidad.
La magistrada Guadalupe Medina denunció ayer en la entrevista de TCS, que Olivo ha tomado decisiones “personales e inconsultas” con el resto de sus colegas del ente electoral en materia de seguridad para la jornada cívica del 4 de marzo de 2018, en que se elegirán a alcaldes y diputados a nivel nacional.
Pese a ser un aspecto importante, dado el alto índice de criminalidad y asedio de las pandillas en casi todo el territorio nacional, Olivo prefirió hacer a un lado a sus colegas magistrados y decidió coordinar una parte tan delicada de forma directa con el director de la Policía, Howard Cotto.
Medina explicó que el Código Electoral plantea que es una atribución de los magistrados del Tribunal diseñar el plan de seguridad para cada evento electoral y darlo a conocer previamente a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), pero es el caso, según dijo, que Olivo los ha ignorado.
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Cuando Medina cuestionó a Olivo del porqué no les había trasladado la información respectiva, el presidente del Tribunal le contestó que la ley lo faculta a él para hacerlo sin necesidad de tomarlos en cuenta. Eso es algo que la funcionaria refuta totalmente y se ampara en varios artículos del Código Electoral para demostrar que es una atribución que se debe tomar de forma colegiada.
“El artículo 63 en el (literal) M dice que son atribuciones del organismo colegiado diseñar con la debida anticipación y aplicar coordinadamente con la Policía Nacional Civil el Plan General de Seguridad Electoral, y nosotros prácticamente como organismo colegiado no hemos diseñado un plan de seguridad conjuntamente con la PNC. Prácticamente todo eso lo ha hecho el presidente (Olivo) con la Policía”, explicó Medina.
Al menos ella dice que desconoce por completo qué mecanismo se aplicará. Su colega, el magistrado Fernando Argüello Téllez, sostuvo que dentro del Plan General de Elecciones (Plagel), el cual fue aprobado por ellos mismos, existe un apartado que habla sobre la seguridad electoral, pero que no lo han discutido aún en las reuniones de los magistrados.
“Estamos dándole seguimiento, pero de que lo vamos a conocer, lo vamos a conocer”, aseveró Argüello Téllez, dejando entrever que no permitirán que Olivo los excluya de un deber que tienen como funcionarios.
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Medina trajo a cuenta que Olivo no debe confundirse en lo que dice el Código Electoral, ya que la normativa si bien lo hace responsable de “requerir a la Policía para mantener el orden público durante el desarrollo del proceso electoral”, no lo faculta para que de forma unilateral decida sobre todo el plan de seguridad.
Pero Olivo no sólo ha coordinado directamente con la Policía los mecanismos de seguridad para el día “D”, también no les informó que el enlace entre el Tribunal y la Policía ya no es el mismo al que habían depositado su confianza desde 2000, señaló Medina.
Al preguntarle a Olivo el motivo del cambio, Medina dice que se limitó a decirle que fue una decisión propia del director de la Policía.
“A mí en lo personal me tomó por sorpresa el cambio que se hizo del enlace que se tenía desde el año 2000, teníamos ese enlace, una persona que ha sido muy preparada, tiene mucha experiencia. Cuando le dije al presidente (Olivo), me dijo que es decisión del Director de la PNC. ‘Discúlpeme, pero nosotros como organismo tenemos que ver eso’”, dice Medina que le cuestionó a Olivo, y éste le contestó: “Sí, pero yo soy el encargado de la seguridad como presidente (del TSE)”, le refutó.
Con este cambio, Medina teme que los partidos tengan sus dudas y lo rechacen, pues siempre han sido los dirigentes partidarios los que participan de la decisión de quiénes serán los enlaces de la Policía con los que coordinarán el trabajo electoral.
El jueves pasado el TSE realizó una reunión para dar a conocer a los delegados policiales que prestarán servicio en las elecciones de 2018, pero en ese momento, Olivo no les informó del cambio repentino del enlace superior de la Policía, explicó Medina.
Ese día, y según una publicación del TSE en su sitio web, se reunieron miembros de partidos políticos con delegados de la PNC, y funcionarios del Tribunal para “socializar la información relativa a los contactos y referentes junto a los canales a utilizar para hacer más fluida la información dentro del componente de seguridad electoral”.
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Cabe recordar que como medida de seguridad, el TSE autorizó el cambio de ubicación de 69 Juntas Receptoras de Votos (JRV), esto a solicitud de los partidos, que son los que conocen a través de sus directivas departamentales y municipales como está el territorio en cuanto a la seguridad y presencia de pandillas.
Algunas de las urnas que tuvieron que mover a petición de los partidos, están en San Marcos; de San Salvador; San Sebastián Salitrillo, Santa Ana; Nuevo Edén de San Julián, San Miguel; y en Concepción de Ataco, en Ahuachapán.