En el 2016 el Gobierno salvadoreño debido a la alta criminalidad que tiene de rodillas a los sectores más vulnerables de El Salvador, decidió implementar medidas extraordinarias en seguridad que le permitieran recuperar el control territorial que desde hace mucho se perdió en varias zonas de nuestro país.
A un año de la ejecución de estas medidas los resultados no son en nada alentadores… en enero del 2017 se tuvieron 252 muertes violentas; estamos hablando de un promedio de 8 muertes diarias, si hablamos de medidas extraordinarias es para lograr resultados extraordinarios y lo logrado un año después no es muy satisfactorio.
Recientemente nuestros diputados nuevamente prorrogaron por un año más estas medidas de seguridad, lo hicieron en diciembre por treinta días. ¿Realmente existe un plan contundente contra la delincuencia? Las muestras que da el gobierno de querer resolver este flagelo delincuencial con prórrogas temporales es alarmante.
De todos es sabido el control territorial que tienen las maras y pandillas en muchas zonas de El Salvador y de cómo se han enquistado en estos lugares, donde realizan un exhaustivo registro a todo aquel que no habita o no frecuenta mucho sus alrededores. Es preocupante los niveles de extorsiones que hay en nuestro país, la pequeña y mediana empresa son los más golpeados por esta ilícita práctica. El emprendimiento posee un gran obstáculo para su desarrollo debido a este “impuesto” obligado, establecido por estos grupos delincuenciales.
Diariamente somos testigos de viles asesinatos y, en ocasiones, cadáveres desmembrados asemejándose a los de una guerra fratricida.
Vemos que el pan de cada día son los enfrentamientos entre pandilleros y policías... ¿Es esta problemática para medidas extraordinarias prorrogadas para un año? Contestamos con un rotundo no, en casi un año de su aplicación no tuvimos vestigios de un mejoramiento sustancial y de beneficio para la población.
Debemos preguntarnos si a nuestros políticos tanto los que gobiernan y la oposición les interesa realmente eliminar por completo este cáncer social que está carcomiendo paulatinamente nuestro desarrollo como país o solamente llegan a acuerdos políticos cuando sus intereses económicos están en peligro de no ser recibidos. La población salvadoreña está hastiada de tanta politiquería, del mismo teatro de siempre, donde las dos mayores fuerzas políticas no logran consensos donde sea creada la fórmula tan deseada, que arranque de raíz este mal que ha cercenado la vida de muchos compatriotas.
Todos estos años como población hemos sido demasiado condescendientes y permisivos con nuestros gobernantes, no hemos hecho valer nuestro derecho soberano y nos seguimos enfrascando en pugnas y polarización política, teniendo disputas que no nos competen y por tal razón la politiquería barata ha hecho su negocio con el dinero de todos los salvadoreños.
Todas las políticas relacionadas a seguridad desde gobiernos anteriores han sido solamente una maquillada propaganda política, solamente una pantalla que tranquilizara momentáneamente las demandas de la población exigiendo protección del Estado, un derecho que lo establece nuestra Constitución. La seguridad pública ha sido una tarea pendiente desde hace mucho tiempo en nuestro país, tuvimos una alternancia en el Ejecutivo y la mejoría solamente se quedó en esperanza… el presente no vislumbra un horizonte mejor, la criminalidad se ha fortalecido enormemente y las extorsiones y asesinatos son los delitos a vencer.
Nuestros políticos deben agilizar medidas reales en seguridad para enfrentar esta problemática antes de que se expanda aún más y evitar que estos grupos delincuenciales sigan fortaleciéndose con armamento que, hasta la fecha, les ha permitido controlar y apoderarse de zonas del territorio salvadoreño, así como también del dinero ganado por compatriotas honradamente.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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