Desacreditar los contundentes informes de peritos y otras evidencias presentadas por la Fiscalía fue la táctica de los defensores en el juicio de los acusados de perpetrar una serie de ciberataques contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
Sin embargo, en ningún momento los defensores se atrevieron a rebatir, cuestionar o mencionar siquiera otras evidencias clave como el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que confirma los cargos y, sobre todo, tratándose de delitos que trascienden las fronteras del país y que las autoridades estadounidenses persiguen como crímenes internacionales, según han expresado los querellantes.
Basándose en ese documento crucial, la Fiscalía y la querella acreditaron en el juicio la ruta de los hechos y que los bancos han determinado que los acusados supuestamente usaron sus tarjetas de crédito para comprar los dominios desde los cuales se falsificaron las ediciones electrónicas de ambos medios.
Lanzar al aire ediciones electrónicas falsas de dos periódicos es un grave delito, pues afecta la credibilidad de publicaciones con muchos años de andadura y que han sufrido los embates del poder, como El Diario de Hoy, que ha sido blanco de ataques y amenazas desde la persecución casi mortal durante la dictadura de Martínez hasta el presente.
Los ciberataques son como si para perpetrar un asalto los malhechores se disfrazaran de un personaje público para confundir a las autoridades. Es la peor vileza, más en un momento en que los “delitos contra el honor” se esgrimen por gente que no lo tiene, pues las personas honestas raras veces querellan sobre ese punto, pues saben que su conducta está por encima de lo que las placeras pueden gritarle.
Por su parte, algunos de los acusados se limitaron a considerarse “víctimas” y a decir “ese era un juicio político” y que “le temen” a la justicia salvadoreña, con lo cual estaban de hecho cuestionando la imparcialidad del tribunal que los juzga.
Parodiando al pensador francés Renán, llega hasta el infinito la capacidad de muchos hombres para hacer el mal, cometer los crímenes más espantosos contra personas inocentes y la sociedad misma.
Esa capacidad para el mal se puso de manifiesto durante la guerra en los 80 y ahora con las crueldades y asesinatos de las pandillas criminales, que para “ganar puntos” frente al cabecilla son capaces de matar niños, policías y cotidianamente personas que nada malo han hecho en su vida.
Se perfila a un personaje de nula moral,
ávido de poder e impunidad
Los ciberataques dejaron en evidencia el montaje de un aparato de difamación, calumnia, engaño. Y el engaño iba primordialmente a burlar a la población, con información falsa.
Durante el juicio, la Fiscalía apuntó reiteradamente al alcalde de San Salvador como el que supuestamente estaba detrás del grupo, mientras que la defensa precisamente gastó sus energías tratando a toda costa de descalificar las pruebas que lo involucran.
En todo caso, los hechos muestran la participación de un personaje ávido de poder e impunidad, que empujó a otros a una aventura ilícita, que nunca pensó que quedaría al descubierto esa escuela de la infamia ni que tendrían que dar cuentas a la ley.
Mientras tanto, la comuna vive aquejada por la violencia y contra su voluntad quedará amarrada a deudas multimillonarias que pagarán todos los capitalinos en pésimos servicios y mayores tasas municipales.
La justicia salvadoreña tiene en sus manos la oportunidad de sentar un precedente contra hechos de esta clase y enviar el mensaje de que nadie está por encima de la ley.