Tras la admisión de la Sala de lo Constitucional de una demanda en contra de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República por parte de la Asamblea, los diputados toman parte de culpa en no haber documentado debidamente el proceso de elección.
Ese vacío es uno de los razonamientos en los que se basó la Sala de lo Constitucional para admitir la demanda interpuesta por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Dicha entidad expuso a la Sala que la Asamblea no documentó y argumentó con objetividad “la honradez, cualificación técnica y profesional y no afiliación partidaria” de los funcionarios electos el pasado 28 de agosto.
Se trata de la magistrada presidente de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, y de los magistrados María del Carmen Martínez Barahona, Roberto Antonio Anzora Quiroz, Nolberto Osmín Cunza López, y Patricia Lissete Bardales Osegueda.
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Al respecto, el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, admitió que los miembros de la Comisión Política de la Asamblea tienen la responsabilidad de no haber documentado como corresponde los atestados de los funcionarios.
“Hay que documentar bien cada elección que realiza esta Asamblea Legislativa y también hay responsabilidad de los miembros de la Comisión Política, yo me incluyo en ella por pertenecer a ella. Los responsables somos quienes tomamos la decisión política”, afirmó Ponce.
Para la diputada de ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón, la resolución de la Sala los manda a revisar la documentación que recibieron cuando estaban entrevistando a los candidatos; sin embargo, traslada parte del incumplimiento, a que se atuvieron a lo que les envía el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre las afiliaciones partidarias de los aspirantes.
“Nosotros nos guiamos por el informe que nosotros le pedimos al TSE en la parte política, puramente partidaria, porque son ellos los que tienen los registros de los que están afiliados”, argumentó.
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Recuerda que en las discusiones de la Comisión Política se dijo que se debía corroborar que el dictamen cumpliera con lo que mandata la Sala de lo Constitucional en las elecciones de segundo grado.
El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, sostuvo que hicieron “una buena elección”, pero a la vez admite que la Comisión Política tenía que pedir a los técnicos de la Asamblea toda la documentación aclaratoria para sustentar el proceso de elección.
El diputado Rodolfo Parker, del PDC, dice que lo que ha pedido la Sala ya queda en el ámbito técnico y administrativo de la Asamblea.