Desde su campaña, el ahora presidente Trump mantuvo una retórica que lo distanciaba —y bastante— de la mayor parte de Republicanos en lo que a la inmigración se refiere. Trump pintó toda la inmigración no autorizada con la brocha gorda de la criminalidad, anunciando que cuando electo, respondería con mano dura bajo la justificación de la seguridad nacional. Por supuesto que el análisis carece tanto de honestidad intelectual como de utilidad práctica, puesto que ni la gran mayoría de inmigrantes no autorizados son criminales, ni es económicamente viable iniciar procesos de deportación contra la comunidad de aproximadamente 11 millones de personas que residen en Estados Unidos sin sus papeles en regla.
La administración de Trump hizo públicos la semana pasada los lineamientos que el departamento de seguridad nacional seguirá a partir de ahora para abordar la aplicación de las leyes de inmigración. Precisamente porque la practicalidad impide deportar a todo el mundo, la administración Obama había extendido lineamientos de priorización para las deportaciones. Solo serían sujetos de procesos de deportación aquellos que contaran con un récord de criminalidad. Aún a pesar de esos lineamientos, muchas personas sin más antecedentes que violaciones de tránsito terminaron separadas de sus familias, otras más sufrieron detenciones arbitrarias en manos del Estado por meses —sin debido proceso— y Obama completó sus dos períodos en la presidencia con el récord más alto de deportaciones en la historia.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, hizo bien al emitir una respuesta ante los lineamientos emitidos por Trump, en cuanto a garantizar que cada salvadoreño afectado por las cambiantes circunstancias migratorias que esté necesitado de servicios gozará de asistencia legal para sus circunstancias. Esto, cabe decirlo, si tienen la suerte de vivir en una de las 17 zonas que cuentan con consulados en el vasto territorio estadounidense.
Buena respuesta, pero es solo una entre una serie de interrogantes que deben responderse con acciones gubernamentales si realmente se quiere velar por la población salvadoreña que termina viéndose forzada a emigrar. Entre ellas, se incluye ¿qué medidas está tomando el gobierno salvadoreño en sus relaciones diplomáticas con México para velar por el trato que nuestros migrantes reciben en ese país, que en muchos casos atenta contra los derechos humanos? O, ¿qué asesoría se brinda a la ciudadanía salvadoreña cuyas razones para emigrar son la búsqueda de asilo debido a creciente situación de criminalidad? ¿Se les está proveyendo con otras opciones, o se les ignora?
Adicionalmente, es difícil tener credibilidad para enfrentarse a un gobierno como el de Trump y apelar a que no separe familias a través de la deportación, cuando las políticas públicas salvadoreñas en ciertas zonas del país separan familias a diario al obligarlas a escoger entre quedarse y sobrevivir a la criminalidad pandilleril o mandar a menores de edad en una peligrosísima travesía a un país extranjero. También necesitan respuesta los ciudadanos que luego de ser deportados tras años de haberse asimilado dentro de la cultura estadounidense, regresan a una realidad sin la infraestructura necesaria para ser acogidos —en este sentido ha llenado un enorme vacío el sector privado, proveyendo oportunidades laborales y apoyo a cientos de familias. Se vienen tiempos difíciles para los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos: ojalá contáramos con un gobierno que no se los complique aún más.
* Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg