Existe mucho escepticismo, por parte de la población, del anunciado “acuerdo de paz 2” en el país. Es comprensible, cuando 25 años después de unos acuerdos de paz ampliamente celebrados a nivel mundial, el sangramiento de nuestro país no ha cesado. Me refiero a las pérdidas de vidas de cientos de personas, víctimas de la violencia social e institucional. Asimismo, podríamos pensar en la corrupción como una forma de violencia, contra el orden legal establecido.
Existe, sin embargo, la otra cara de la moneda: los salvadoreños que apreciamos la vida, el amor y el anhelo de trabajar para construir y dirigir nuestra sociedad a un estado de desarrollo más próspero. Estas no son meras ilusiones. Al escuchar a niños, jóvenes y adultos, nos damos cuenta de que somos más los que queremos enrumbar el país hacia este ideal.
Pero tenemos que perseverar, ser coherentes, demandar y vigilar el proceso que decidamos tomar hacia una verdadera concertación, más que conformarnos con otro diálogo indefinido y 50 años más de atraso social y económico. Resultado de la mezquindad, indiferencia y corrupción que han hecho que nuestro país tome el rumbo más largo hacia el desarrollo, sacrificando a su recurso más valioso.
Ante esta situación, que pareciera ser un callejón sin salida, la ONU ha designado a un diplomático mexicano para facilitar el diálogo entre los salvadoreños, en torno a los principales desafíos de esta pequeña nación. Una vez más, tendremos puestos los ojos de la comunidad internacional en la realización de una tarea que debimos haber logrado por nuestra propia cuenta. Podemos tener muchas justificaciones para ello, unas válidas y otras no, pero el caso es que no podemos dejar pasar otra oportunidad tan valiosa que podría definir nuestro futuro, aquel que incluya las aspiraciones de la mayoría de la población.
Lo que sí deberíamos exigir como ciudadanos es que este proceso se defina de manera precisa y participativa desde el principio —sus objetivos, metodologías y alcance—, y se construya sobre las estructuras sociales existentes, para evitar estructuras burocráticas adicionales y costosas. El facilitador deberá mantener una posición objetiva y a la vez lúcida, para poder identificar con criterios claros a aquellos (nuevos) actores políticos, de la sociedad civil y ciudadanía en general, que lleguen a generar confianza y aportar, desinteresadamente, al proceso. Actores cuyas visiones respondan a las aspiraciones de las nuevas generaciones y a las auténticas necesidades del país, y que brinden ideas novedosas y de políticas públicas necesarias, para el logro de los consensos y acuerdos mínimos en los temas claves de país.
Al final de cuentas, estos acuerdos deberán estar basados en la confianza y lealtad entre los propios salvadoreños y su compromiso como ciudadanos para un mejor futuro para todos, en el que finalmente se ponga fin a las injusticias históricas y la pobreza extrema, que una parte de la población continúa sufriendo desde generaciones. La importancia de que los partidos políticos y sus dirigencias construyan puentes de confianza, entre ellos y la población, se convierte en una condición inmediata (o en la bisagra) para que este proceso culmine con éxito.
Un primer acuerdo debería constituir el compromiso inapelable con la democracia y estado de derecho. Sin este acuerdo simplemente no podremos avanzar con ningún otro, como son el empleo, el crecimiento económico y la calidad, equidad y sostenibilidad de la educación, la salud, la previsión social, la vivienda, entre otros temas fundamentales.
Los salvadoreños esperamos que los partidos, y especialmente sus líderes, capten la importancia y excepcionalidad de esta oportunidad, 25 años después de la firma del acuerdo de paz, y no la sacrifiquen inútilmente en los altares de sus intereses partidistas en perjuicio de El Salvador. Este será el nuevo patrón por el que sus conciudadanos les juzgaremos.
* Columnista de El Diario de Hoy.
@cavalosb