El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) Luis Cardenal sostuvo ayer que aún no tienen cuantificado el impacto económico que podrían generar las últimas dos sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la creación de salas cuna en las empresas y con el aumento de las licencias por maternidad.
Sostuvo que lo más razonable sería realizar un diagnóstico sobre la capacidad económica de cada empresa y si cada una de ellas requiere la necesidad de instalar salas cuna en las mismas.
“Primero que se analice para saber cuál es la realidad de las empresas, que se saque un diagnóstico para conocer cuál es la realidad de las empresas”, dijo Cardenal, quien agregó que se deberá de conocer “cuáles son las necesidades, adónde se necesitan, adonde van a tener verdaderos beneficios y adónde no serían porque solo sería un costo oneroso que encarecía el quehacer de los negocios y, al final, encarecía el precio final de los productos y de los servicios que se vean afectados”, dijo Cardenal.
Manifestó que, en todo caso, los empresarios están dispuestos a “darle la mayor cantidad de beneficios que sean posibles y razonables a nuestros colaboradores”.
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No obstante, el problema podría estar en la aplicación de las dos sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Este Tribunal ordenó recientemente que las empresas están obligadas a instalar salas cuna o guarderías para sus empleados y el jueves estableció que las mujeres embarazadas deben recibir remuneración por parte de sus empleadores durante ese periodo que dejen de laborar, aun y cuando no tengan ni seis meses de haber sido contratadas.
Hay lugares, por ejemplo, que la instalación de salas cuna podría ser beneficiosa para las empleadas, como por ejemplo una zona franca, dijo el dirigente de la gremial empresarial.
Contrastó con una empresa constructora, donde la mayoría de empleados son hombres y hay pocas mujeres empleadas. Aún desconocen los requisitos que deberán cumplir las empresas para la instalación de las salas cuna.
Cardenal dijo que “quisiéramos poder darles todas las prestaciones que le ayuden a nuestros colaboradores a tener una mejor calidad de vida y que estén más contentos en sus trabajos”.
Agregó que “hay empresas que tienen la capacidad y otras que no la tienen, así como también hay empresas que tienen la necesidad y que esto puede ser de importante beneficio, y otras para las cuales solo sería un gasto y no traería mayor beneficio a sus trabajadores”.
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Según Cardenal, cada empresa tendría que ser analizada de una manera individual y diferente, y cuando se tendría, habría que ver cómo podrá ser la regulación.
Con respecto a las licencias por maternidad, Cardenal sostuvo que tanto la madre como el padre están en su derecho de estar con sus hijos recién nacidos, pero esas licencias no deberían tener períodos demasiados largos.
“Pero si la licencia se extiende, creo que a un año, dicen, entonces la cosa se pone muy difícil. Además de pagar doble, entonces qué sucede con la persona que se ha contratado cuando regrese la persona que esté con permiso, puede haber un conflicto si uno no tiene suficiente espacio, si no tiene suficientes labores que realizar y decirle durante un año a alguien o a varios que ayuden a suplir a la persona que no está, es alguien que tiene su trabajo y que está pidiendo que haga algo extra para suplir y eso tampoco es bueno ni correcto, porque esa persona se siente presionada”, manifestó el empresario.
Debe ser gradual
Por su parte, el diputado de ARENA René Portillo Cuadra aseguró que como fracción parlamentaria ya tienen lista una propuesta de ley que regule la instalación de salas cuna, tal y como lo establece la Sala de lo Constitucional.
En términos generales, el legislador de ARENA dijo que la aplicación de la normativa y el cumplimiento del fallo tendrá que ser gradual.
“Este tema no es que si la ley se aprueba mañana o pasado mañana, ya van a estar las salas cunas. No. Los patronos deben tener un periodo de por lo menos un año para darle cumplimiento a esta resolución, porque se trata de adecuar infraestructura. No se trata simplemente de la vigencia de una ley, sino de establecer las condiciones necesarias para darle cumplimiento”, aclaró Portillo Cuadra.
El legislador tricolor compartió la posición de la dirigencia de ANEP en el sentido de que la aplicación de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional tendrán un impacto en las finanzas de las empresas, pero que deben ser acatadas.
“Lo que sí es cierto, es que no se puede esgrimir como excusa de que esto le va generar un cargo al patrono, para no cumplir; porque si ese fuera el caso, pues entonces reformemos la Constitución y quitemos los derechos laborales, creo que eso no es el punto. Para fortalecer el derecho de los trabajadores, se tiene que invertir”, dijo. Aseguró que mañana será presentada la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa.