Encargarse de la defensa de los pandilleros procesados judicialmente, prestarles vehículos para el traslado de armas y dinero, albergar en sus casas a cabecillas que eran perseguidos por la justicia, llevarle dinero a la mujer de un jefe de la pandilla mara Salvatrucha (MS), son algunas funciones que desempeñaban dos abogados que han sido vinculados por la Fiscalía General con esa agrupación criminal.
Además, dice la Fiscalía, introducían celulares a las bartolinas policiales y conseguían información sobre investigaciones contra la MS.
El abogado José Ernesto Carranza Quintanilla era “parte esencial en la estructura de los Stoner, es como la cabeza técnica, intelectual y jurídica de la estructura”, según el requerimiento fiscal contra más de un centenar de pandilleros y colaboradores en el caso denominado “Tecana”.
Carranza Quintanilla junto con otro abogado, Juan José Flores Espino, “trabajaban plenamente y a tiempo completo para la estructura de los Stoner de la MS-13”.
En ese sentido, los fiscales aseguran que los dos abogados son parte de la pandilla MS autodenominada “Stoner”, ya que ellos se encargaban de “realizar todo lo jurídico de los mismos, pero realizando conductas ilícitas para lograr su cometido”.
Agregan que “realizaban fuga de información confidencial del sistema, entregando cantidades de dinero para comprar voluntades, obtener información y resoluciones en beneficio propio o de sus defendidos, como también realizan conductas ajenas a su profesión”.
Y agrega que “ también recibieron otras cantidades de dinero por actividades que éstos les hacían en colaboración a la clica Stoner”.
Señala además que “en total en este concepto, la clica le ha entregado a Carranza hijo (abogado) la cantidad de trescientos mil dólares ($300 mil) en el período del año 2009 a inicios del año 2016”.
El monto anterior no incluía los pagos por servicios profesionales que los abogados cobraban en calidad de defensa a los pandilleros detenidos.
Este grupo pandilleril es el que mantenía presencia en el departamento de Santa Ana y de la cual su cabecilla, César Antonio López Larios, apodado “el Greñas”, deportado en julio pasado de Estados Unidos, adonde había huido.
Estos dos abogados, según la Fiscalía, habían sido delegados por López Larios para que llevaran hasta 5,000 dólares mensuales para la manutención de su compañera de vida Santos Nohemy Villanueva, ya que él guarda prisión en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, conocido como Zacatraz.
Las “remesas” que le llevaban los abogados Carranza Quintanilla y Flores Espino, se registraron entre el 2013 hasta en agosto del 2016, según el requerimiento fiscal.
Ese dinero era llevado hasta la casa donde vivía la mujer en Nueva Concepción, Chalatenango. En agosto del 2016, Villanueva emigró a Estados Unidos y hasta el momento aún no ha sido detenida.
En una oportunidad, 5 de enero del 2016, los investigadores observaron cuando llegó el abogado Flores Espino llega a la casa de Villanueva.
Al tocar la puerta, ella salió a recibirlo e ingresó con un paquete en la mano a la casa. El abogado solo permaneció cinco minutos en la vivienda. Flores Espino llegó en el vehículo placas P-36-431, que se supone era de su propiedad.
Prestaba dinero en penal
La pandilla MS también obtenía ganancias de los préstamos de dinero que hacían a los reclusos del centro penal de Chalatenango. Este dinero era introducido por una mujer a quien identifican solo como ‘la mujer del Spanki’. La mujer metía el dinero al penal de manera digestada.
Los billetes eran doblados para meterlos en bolsas plásticas, los cuales se los tragaba antes de entrar al mismo. Ya en el penal, la mujer vomitaba las bolsas plásticas para sacar el dinero. Cada vez que entraba al penal llevaba $1,500 de forma clandestina.
Un recluso apodado “el Rudo”, pero que era conocido como Mauricio, era el encargado de recibir el dinero, y luego se los prestaba a otros reclusos a un interés del 60 % quincenal.
Eso significaba que por cada diez dólares, los reclusos le tenían que regresar 16 dólares en un plazo de 15 días.
El abogado Flores Espino les guardaba de $5 mil a $9 mil a la pandilla en su casa o en la oficina jurídica, y de este dinero tomaban para dar en préstamo en el penal de Chalatenango, según la Fiscalía.
Las investigaciones fiscales revelaron que estos abogados, además de llevarle dinero para la manutención a la compañera de vida de el Greñas, ponían a disposición de la pandilla una casa en la colonia San Carlos de Santa Ana. En esa vivienda, conocida como ‘la Finca’, los cabecillas de la MS se escondían de las autoridades después de haber cometido algún hecho delictivo o cuando eran buscados por la Policía por tener una deuda pendiente con la justicia.
Además usaban la casa para “esconder vehículos robados, para llevar mujeres a tomar licor, drogarse y tener relaciones sexuales, esconder armas, hacer paquetes pequeños de droga para vender”.
Flores Espino le prestaba una camioneta a los cabecillas para que éstos se movilizaran y para trasladar armas de fuego y dinero.
Del requerimiento fiscal se desprende que la compañera de vida del Greñas se encargaba de administrar el dinero producto de la extorsión y la venta de drogas de la pandilla.
Señala que estos abogados les colaboraban con el ingreso de celulares a los pandilleros encerrados en las bartolinas.
Agregan que se valían de su trabajo para obtener información reservada de investigaciones criminales para favorecer a la pandilla y se frustraran, según la Fiscalía.
La información reservada era proporcionada por el investigador de la Policía Carlos Alfredo Contreras Menéndez; y por otras vías conseguían información de investigaciones en curso en contra de miembros de la pandilla.
También les proporcionaban información sobre los expandilleros que colaboraban como testigos criteriados (con beneficios penales) en contra de integrantes de la MS, con el fin de intimidarlos y no declararan en contra.
Las evidencias recabadas en contra de los abogados se lograron a través de seguimientos y vigilancia hechas en diferentes fechas y horas.
Se detalla en el requerimiento que el vehículo placas P-177-169 que usaba Villanueva, la compañera de vida del Greñas, pasó a manos del abogado Carranza Quintanilla para su uso personal.
Cuando el propietario de la referida camioneta fue citado a la División de Tránsito Terrestre de la Policía, Adán Villanueva, suegro del Greñas, fue acompañado por los dos abogados.
La Policía obtuvo los números de celulares de los abogados y se abrió la oportunidad para la Fiscalía de poder intervenir con orden judicial los teléfonos de Carranza Quintanilla y de Flores Espino.
De esa forma es que la Fiscalía y la Policía comienzan a descubrir la relación que existe entre los abogados con los cabecillas de la pandilla. También descubren cómo los propietarios de los establecimientos comerciales mantienen estrecha colaboración con los cabecillas de la MS.
Ya con los números de los teléfonos móviles, el 11 de noviembre del 2016, el Juzgado Noveno de Instrucción autoriza la intervención de las llamadas telefónicas entre los abogados Carranza y Flores con cabecillas de la pandilla.
Las intervenciones telefónicas hechas por la Fiscalía a los celulares de los abogados, comerciantes colaboradores de las pandillas y los cabecillas de la misma permitió descubrir la forma cómo la pandilla decidía la forma de recolectar, resguardar, distribuir e invertir el dinero proveniente de las extorsiones y otros delitos como la distribución de droga.
Asimismo, se pudo establecer los vínculos que tenían propietarios de los más de 30 negocios con los cabecillas de la pandilla para poder lavar el dinero “sucio” de la MS.
“Los imputados Greñas, Hit, Taynis, no registran vehículos o inmuebles a nombre de ellos, pero sí a nombre de personas particulares que tienen calidad de colaboradores”, señala el requerimiento fiscal.
Y agrega que “dichas personas hablan de cantidades de dinero, poseer vehículos y darlos en alquiler, refiere la compra de inmuebles que ponen a nombre de prestanombres, lo cual se ha verificado por medio de las llamadas captadas de los números referidos (de abogados, colaboradores y cabecillas de pandilla)”.
Los abogados aprovechaban cuando iban a las audiencias para llevar celulares preparados y escondidos para después entregárselos a los pandilleros que estaban detenidos, según se lee en el requerimiento presentado por la Fiscalía.
Luego, los pandilleros presos pedían a sus custodios que irían al servicio sanitario, lo que aprovechaban para introducírselos en su parte anal y así se los llevaban para usarlos adentro de los penales.
Carranza Quintanilla y Flores Espino recibían hasta 500 dólares por cada celular que entregaban a los pandilleros presos, según el requerimiento fiscal.