Del acuerdo de paz, suscrito en 1992, no podía esperarse la solución de todos los problemas nacionales. No se trató de un convenio como el de la Moncloa en España, el Acuerdo Nacional del Perú o el Pacto por México. Fue un entendimiento entre las fuerzas insurgentes y el gobierno de entonces para concluir una pugna entre las partes por la falta de espacios en el ámbito político, para celebrar elecciones transparentes y para terminar con la violación de los derechos humanos. Los efectos inmediatos se alcanzaron rápidamente. Sin embargo, una serie de aspectos aún afectan la estabilidad política del país, la separación de poderes, la actividad económica y el progreso social. Abajo se enumeran tres de esos desafíos.
La frágil estabilidad de las instituciones. En lo institucional el pacto de Chapultepec se tradujo en reformas de gran calado. La sustitución de la autoridad electoral y la modificación del mecanismo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema procuraron imprimir la independencia que requería la administración de justicia y la limpieza de los eventos electorales. Por un tiempo los cambios surtieron los resultados deseados, principalmente en el área electoral, donde la evolución ha sido constante. No puede afirmarse lo mismo respecto del sistema judicial. Los intereses partidarios han contaminado el procedimiento de elección de los candidatos a magistrado. Ciertamente la Sala de lo Constitucional ha dictado una serie de sentencias para delimitar el perfil de quienes aspiran a una magistratura. Se prohibió la llegada de militantes de partidos políticos y de personas que no satisfacen el requisito de idoneidad para el cargo. Sin embargo la jurisprudencia citada podría ser sustituida cuando, en 2018, se elijan a los nuevos miembros de Sala de lo Constitucional. Esta es, con seguridad, junto a los intentos de destituir a los magistrados, la más grave amenaza al sistema político después de dos décadas y media de la firma del acuerdo.
El respeto a la vida, la integridad física y los derechos humanos siguen sin garantizarse plenamente. Los firmantes también acordaron la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el firme propósito de vigilar el funcionamiento de las instituciones y el respeto de los derechos ciudadanos por parte del Estado. La subordinación de la Fuerza Armada al poder civil y la constitución de la Policía Nacional Civil, esta última como responsable de la seguridad, apuntalaron aquella iniciativa. Si bien a partir del acuerdo cesaron los atropellos de la autoridad hacia los ciudadanos, ahora se padece una “epidemia” de homicidios, extorsiones y otros delitos. Los esfuerzos por acordar un plan integral de seguridad han sido infructuosos.
Un sistema político que no responde a las expectativas y necesidades ciudadanas. Las demandas de la población no están siendo atendidas por los partidos ni por quienes ejercen el poder político desde el resto de Órganos del Estado. Los primeros mantienen la más baja calificación en las encuestas de opinión y su credibilidad sigue en deterioro. Ciertamente el acuerdo consolidó la pluralidad en la participación política cuando la insurgencia se legalizó como organización partidaria. A partir de su “debut” en las elecciones generales de 1994, el Frente ha alternado con ARENA tanto la presidencia de la República como la más nutrida fracción de diputados. También conservan el mayor número de alcaldías a nivel nacional. Los partidos minoritarios, por su parte, dado el sistema de representación proporcional que los regula, continúan obteniendo un número suficiente de escaños con los que imprimen “el equilibrio” en las decisiones legislativas. Sin embargo los ciudadanos reclaman a los partidos la falta de consensos en aspectos básicos como la seguridad, la generación de empleo, el endeudamiento público y, más recientemente, la lucha contra la corrupción. Los partidos cumplen a “regañadientes” las sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordenó transparentar sus finanzas y promover procesos de democracia interna. No encuentran coincidencias para incentivar la inversión nacional y extranjera, se niegan a resolver el problema fiscal del país y no logran una visión común en materia de seguridad pública.
Urgen acuerdos serios y madurez política para solventar estos y otros desafíos.
*Columnista de El Diario de Hoy