El espionaje del que están siendo objeto algunas entidades públicas y privadas desentona con el espíritu de reconciliación y de paz en el marco del veinticinco aniversario del acuerdo de Chapultepec. Es el reflejo de una sociedad en la que aún encontramos personas que no consideran a las prácticas democráticas como la única opción para debatir las ideas. Son actores que prefieren la oscuridad y el anonimato para asfixiar el potencial de desarrollo que tiene El Salvador.
Espiar no es más que la tarea realizada por alguien con el fin de obtener “información secreta”. Quienes leen los trabajos y participan en las actividades de las gremiales empresariales y de los centros de pensamiento saben que todo lo que allí se discute no necesita de confidencia ni de sigilo alguno. Los estudios, publicaciones y eventos resumen las decenas de horas que semanalmente se invierten en preparar análisis críticos y propuestas serias encaminadas a fortalecer a las instituciones, a preservar el sistema democrático, a incentivar el crecimiento económico y a superar la pobreza extrema.
Las “escuchas ilegales” alimentan las sospechas de unos contra otros y aumentan el escepticismo sobre el futuro del país. Cuando la tirantez que envuelve a los empresarios, al gobierno y a los trabajadores impide resolver los problemas de inseguridad, del alto endeudamiento público y de la falta de incentivos para la generación de empleo, el acecho clandestino no contribuye a generar el ambiente propicio para que funcionarios y ciudadanos se animen a buscar los “nuevos acuerdos” que se intenta construir con la intermediación de Naciones Unidas.
Los micrófonos descubiertos simbolizan una “gangrena política” que debemos extirpar. Estas prácticas necesariamente conllevan otras acciones como las de infiltración y penetración de personas que colaboran con la instalación de los dispositivos y con la identificación del lugar idóneo para colocarlos. Son actos delictivos que deben ser investigados y sancionados. Encarnan una actitud en la que existe una lógica de “amigo-enemigo” donde no hay adversarios sino rivales a los que se deben husmear y, si es posible, destruir. Procuran intimidar al contrincante para que calle o se abstenga de detallar, con claridad, los obstáculos que entorpecen la mejora de la calidad de vida de las personas y retrasan la modernización del sistema político.
No es posible reeditar la paz que se obtuvo en 1992 sin poner fin a los intentos de quienes pretenden concentrar el poder, siendo una de sus manifestaciones la vigilancia ilícita de las conversaciones privadas. Tampoco será viable el diálogo si, con anticipación, se señala por parte de las dirigencias de los institutos políticos que no detendrán la lucha electoral. Esa disputa por la autoridad, legítima en todo sistema democrático, no debe entenderse como el pretexto para empujar una crisis de gobernabilidad. No se vale sacrificar el bienestar general, bloqueando cualquier oportunidad de consenso, con tal de conseguir la victoria en las elecciones.
El episodio de espionaje político redunda en un alarmante desgaste de la confianza entre las partes. Esa erosión puede desarraigar el espíritu conciliador que necesitamos para concretar iniciativas y ponerlas en marcha. El facilitador de la ONU tendrá que lidiar con esta realidad, con un ambiente preelectoral impregnado de mucha ansiedad y con las cicatrices que dejó en el sector empresarial la manipulación de una de las entidades tripartitas más relevantes cuando se nombraron a los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo con un procedimiento que la ANEP señaló de irregular.
La paz posibilitó a los salvadoreños emprender un camino que nunca se pensó sería cómodo y fácil de andar. Esa senda nos ha llevado por tortuosas veredas que finalmente nos están mostrando las ventajas de contar con una institucionalidad independiente y funcional. Así lo demuestran las acciones de la Corte Suprema de Justicia al tutelar los derechos fundamentales y promover la probidad pública, y las de la Fiscalía General de la República en la lucha anticorrupción. Sin embargo aún quedan “cabos sueltos” que no permiten repensar al país fuera de los extremismos ideológicos. De allí la relevancia de investigar y sancionar los hechos denunciados para que los políticos y la sociedad civil recuperen la certidumbre y se dispongan a retomar la agenda nacional.
*Columnista de El Diario de Hoy