La paz, por ser un asunto esencialmente político, no se sostiene sola. Se gesta y se mantiene en sociedad. Se apoya en los deseos, valores, creencias y acciones de todos y, principalmente, de los políticos y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento del Estado, y el encargo de ejercer las tareas de gobierno por un período de tiempo determinado.
Modos de paz hay muchos: desde la que nace de la justicia, hasta la del dictador totalitario. También existen paces que consisten en que las armas han callado, u otras puramente fundamentadas en el temor: como la del gallinero que se silencia al escuchar el chillido del gavilán…
Pero, sea como sea, la paz ya lo dijo Agustín de Hipona hace muchos siglos, no puede subsistir en el desorden. De hecho, definió la paz como “la tranquilidad en el orden”; y del orden dijo que “no es otra cosa que una disposición de cosas iguales y desiguales, que da a cada una su propio lugar”.
Entonces, ¿cómo lograr que esas cosas “iguales y desiguales” encuentren en la sociedad “su propio lugar”? Lo hemos aprendido a un costo altísimo de guerras y sangre durante más de veinte siglos de historia: por medio de la organización del Estado de Derecho, de la ordenación de la sociedad a través de un sistema de pesos y contrapesos para ejercer el poder, en el que ninguna de las partes que componen el gobierno: ni los que legislan, administran la justicia o llevan adelante la ejecución, tiene preeminencia sobre los demás.
Por ello; haber rubricado unos pactos, reafirmar en discursos y manifestaciones públicas que se está dispuesto a seguir buscando la paz, perorar conmemorando unos acuerdos que datan de hace un cuarto de siglo, e incluso proponer procesos de búsqueda de la paz por medio de más diálogos que -en teoría- podrían desembocar en nuevos acuerdos; es loable, pero no sirve de nada si no se está dispuesto a respetar el Estado de Derecho, el orden, la independencia de Poderes del Estado. En una palabra, la Constitución.
Al contrastar dichos y hechos de importantes personajes de izquierda, uno cae en cuenta de que confiar en que los promotores de la paz sean los mismos que una y otra vez han manifestado en público su propósito de hacerse con el poder total, que han plasmado en documentos oficiales de su partido político que no cejarán hasta convertir al Estado en una máquina monocolor, que están presentes en eventos en el exterior acompañados de líderes aferrados al poder en sus países… es necedad, ingenuidad o malicia.
Digámoslo de una vez: es imposible que se alcance la paz mientras haya quienes quieran hacerse con el poder total, irrespeten el Estado de Derecho, desprestigien y/o desacaten sentencias de la Corte Suprema, leyes emitidas por la Asamblea, o cualquier hecho político-legal que obstaculice sus declarados y diáfanos propósitos de hacerse con el poder absoluto.
¿Pueden armonizarse propósitos y hechos de manipulación de la ley en contra del diseño institucional del Estado sin lesionar el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una democracia liberal? Ciertamente no.
La ansiada paz que necesita el país, y que todos anhelamos, o viene de la mano de la justicia -que pone el orden que hace que en la comunidad humana cosas iguales y desiguales ocupen el lugar que les corresponde-, o jamás será ni verdadera, ni, por supuesto, perdurable.
Para que haya paz, es imprescindible un compromiso de los actores políticos (y todos los ciudadanos lo somos) por el que, con hechos y no solo con palabras, se plieguen a las exigencias del Estado de Derecho, respeten las instituciones del Estado, y acepten ser regidos por la Constitución. Nos urge una paz republicana.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare