“Ustedes empezarían la detención a partir de este día (ayer)”, le dijo la jueza Noveno de Paz a Jorge Hernández y a su contador Esteban Cañas, tras encontrar que habían suficientes evidencias que los compromete con el supuesto lavado de $8.1 millones de fondos públicos.
Tras conocerse la resolución, Lisandro Quintanilla, defensor de Hernández, le pidió a la jueza que lo mantenga detenido en las bartolinas de la División de Control Fiscal de la Policía, donde ha estado recluido desde el viernes pasado
Quintanilla argumentó que esas celdas llenan las condiciones de seguridad necesarias para Hernández. La jueza dijo que por el momento siga detenido en ese lugar, pero que Centros Penales determinará a qué penitenciaría será enviado.
El proceso pasará al Juzgado Noveno de Instrucción que deberá de preparar la segunda audiencia conocida como preliminar en un plazo de no menos seis meses.
Hernández dijo después de conocer la resolución que en la etapa de instrucción iba a demostrar su inocencia desvirtuando con pruebas de descargo la acusación de lavado de dinero en su contra.
“Si me dejan verla con optimismo, de una manera positiva, el proceso de instrucción lo que nos abre es la posibilidad de demostrar nuestra inocencia”, dijo Hernández.
Ordenan capturas de abogados prófugos
La jueza ordenó también las capturas de los abogados Laabin Nimrod Tóchez Maravilla y Carlos Agustín Gamero Quintana, por considerar que habrían participado en el lavado de fondos públicos.
Con respecto a la responsabilidad civil, la jueza sostuvo que será en la etapa de instrucción donde se iban a pronunciarse con respecto a esa temática.
La Fiscalía en la acusación pidió que Hernández y su contador Esteban Cañas respondan civilmente con 5 millones 397 mil 635 dólares cada uno por haber sido la cantidad con la que se realizó el lavado de dinero.
Para Tóchez Maravilla y Gamero Quintana ha solicitado responsabilidad civil por 2 millones 211 mil 500 dólares por ser representantes de sociedades que se prestaron para la triangulación del dinero.
Por el Grupo Samix de Saca pidió indemnización de $162 mil y por Promotora de Comunicaciones $1,062,000.