BARCELONA. La compañía española de ferrocarriles (Renfe) suspendió este miércoles el servicio en la estación de Sants de Barcelona, principal nudo ferroviario de la capital catalana, donde unos 400 manifestantes cortaron durante horas las vías, en una jornada de reivindicación independentista.
Los manifestantes cortaron las vías del tren de alta velocidad (AVE) que desde Barcelona parten o llegan, procedentes de Madrid, Zaragoza (norte) y las provincias catalanas, pero también las vías de los trenes de cercanías que conectan la capital con su área metropolitana, en la que residen 3,2 millones de personas.
La suspensión del servicio ferroviario, que se prolongará hasta este jueves, ha afectado a más de 10,000 personas, según Renfe, compañía que ha pedido a los usuarios que abandonen el recinto de la estación barcelonesa.
Los cortes a lo largo de todo el día provocaron momentos de tensión entre usuarios de los trenes y manifestantes, que coreaban consignas como "las vías serán siempre nuestras" y "libertad presos políticos", en referencia a los miembros del cesado Gobierno catalán, en prisión preventiva después de que el pasado día 27 de octubre el Parlamento regional de Cataluña declarara de manera unilateral la independencia de esa región.
Los pasajeros han expresado insultos como "sinvergüenzas", a los estudiantes que han cortado las vías, quienes han respondido coreando "fuera fascistas de nuestros barrios".
La estación está vigilada por la policía autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra), pero son increpados tanto por usuarios como por manifestantes.
Fuentes de Renfe explicaron que hubo seis vías del AVE afectadas y una de Cercanías.
En cuanto a los trenes del AVE, de momento el bloqueo de las vías está impidiendo salir o llegar a Sants a unos seis trenes, algunos de los cuales están parados en las proximidades de Barcelona.
Desde primera hora de hoy, centenares de manifestantes bloquean también la estación del AVE de Gerona, ciudad catalana al norte de Barcelona, de la que fue alcalde el expresidente regional catalán Carles Puigdemont.
Anulan la declaración de independencia
Por otro lado, el Tribunal Constitucional español anuló este miércoles la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, mientras el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, pidió una "participación masiva" en los comicios regionales de diciembre para abrir una "nueva etapa".
Esa declaración unilateral de independencia provocó por parte del Ejecutivo español la aplicación de una serie de medidas para frenar el secesionismo, entre ellas, la destitución del Gobierno regional de Cataluña, la disolución de su parlamento regional y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.
Rajoy afirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que espera que "la gente sea consciente de la importancia" de esos comicios, que se celebrarán el día 21 del próximo mes.
Reiteró además que está "a favor del diálogo siempre dentro de la ley" y confió en que "a partir de las elecciones, las cosas vuelvan a su cauce" y se abra una nueva etapa de tranquilidad y normalidad, porque, según explicó, existen numerosos datos "preocupantes" sobre la economía catalana.
Desde que el 1 de octubre pasado se celebró el referéndum independentista en Cataluña, anulado por el Tribunal Constitucional, un total de 2.216 empresas han trasladado su sede social desde esa región a otros puntos de España, según los últimos datos oficiales, además de producirse una reducción de actividad en sectores claves como el turismo.
Al margen de las medidas políticas adoptadas por el Gobierno central, el proceso independentista catalán está también en manos de la Justicia española, ya que las distintas medidas aprobadas por el Gobierno o el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia han sido denunciadas por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC), además de las querellas presentadas por la Fiscalía en distintos tribunales.
El Constitucional, que anuló la citada declaración de independencia, también declaro ilegal el referéndum secesionista del 1 de octubre y la llamada ley de transitoriedad, que pretendía convertir a Cataluña en una república.
El pleno del TC de este miércoles también decidió denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa (órgano de gobierno de la Cámara), tal y como pedía el Ejecutivo central en su recurso, que posiblemente conducirá a una nueva querella de la Fiscalía.
Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán deben declarar mañana ante el Tribunal Supremo español tras ser denunciados por el Ministerio Público al permitir que la Cámara catalana aprobara el pasado día 27 de septiembre una declaración de independencia.
Los seis están acusados de un presunto delito de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por su papel en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.
Por esta misma razón se encuentran en prisión provisional ocho antiguos miembros del cesado Gobierno catalán, entre ellos, el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Mientras, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro antiguos miembros de su gabinete, investigados por los mismos delitos, se marcharon a finales del mes de octubre a Bruselas, donde el pasado día 6 se entregaron a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado a España. -EFE.