La semana pasada escribí sobre el hallazgo de un micrófono espía en las instalaciones de Fusades y sus implicaciones en relación a cómo los dirigentes del FMLN han aprovechado la oportunidad que les otorgó el país a través de los Acuerdos de Paz de 1992, dejándolos incorporarse a la vida política nacional con impunidad. Cuando finalicé mi columna, la Cámara de Comercio aún no había anunciado a la ciudadanía sobre el micrófono espía encontrado en sus oficinas centrales. Además, esta semana, representantes de ANEP también declararon ante los medios de comunicación haber detectado un micrófono en su local. Indudablemente, el descubrimiento de los tres equipos de escucha ilegal esboza un patrón aberrante y peligroso, una clara y contundente amenaza contra la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los salvadoreños.
Ninguna de estas instituciones opera con fines de lucro. Ninguna almacena o circula información secreta que pueda ser explotada con fines comerciales o que represente una amenaza para la seguridad de los salvadoreños. Todo el trabajo que desarrollan es publicado oportunamente a través de estudios, reportes y posiciones institucionales, presentadas por sus representantes o plasmadas en comunicados de prensa.
Resulta, por lo tanto, poco lógico que alguna institución del sector privado esté interesada en conocer información que aún no han diseminado a través de esos mecanismos. El gobierno, por otro lado, sí tiene razones de sobra para intentar extraer información antes de que ésta sea de conocimiento público.
El gobierno se ha caracterizado por trabajar en función de intereses políticos y partidarios, dejando a un lado los criterios técnicos y la objetividad con la que tendrían que funcionar las instituciones públicas. Esta es la principal razón por la que se han generado y profundizado graves crisis en diferentes frentes. Consecuentemente, tanques de pensamiento, gremiales y movimientos ciudadanos han denunciado actuaciones oficialistas eminentemente políticas y propuesto soluciones técnicas, a través de estudios, reportes y posiciones institucionales, para corregir las consecuencias producidas por el manejo partidario del aparato estatal.
Esto convierte al gobierno en el principal sospechoso de plantar y monitorear los micrófonos encontrados en Fusades, ANEP y la Cámara de Comercio. Es el único ente que tiene una motivación clara y de peso para tratar de conocer de forma anticipada la información que se maneja en esas oficinas. Anticiparse y neutralizar cualquier crítica o señalamiento es una razón contundente por la que el oficialismo pudiese estar interesado en conocer lo que se discute en las salas de reuniones y salones de fundaciones y gremiales.
Todos los organismos afectados han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos. Esto denota la seriedad de los hallazgos y establece su veracidad. Sin embargo, los tradicionales voceros, defensores y troles oficialistas, como es costumbre, han tratado de poner en duda la autenticidad de los micrófonos descubiertos, sugiriendo que se trata de un show montado con intereses políticos. Además, han tratado de ridiculizar la posibilidad de que el gobierno, siguiendo la asesoría y ejemplo de naciones de corte totalitaristas con las que guarda estrecha relación, esté detrás de la instalación de los micrófonos. Sus argumentos, no obstante, no son convincentes y siembran más desconfianza.
Este es un caso relevante para el país y constituye una prueba fuerte para el fiscal general, Douglas Meléndez. Detrás de esos micrófonos están personas con mucho poder e influencia. Llegar hasta los responsables no es difícil, pero capturarlos y acusarlos ante los tribunales es para personas valientes y comprometidas con transformar a El Salvador en un lugar del que nadie quiera irse. Hacerlo llenará de esperanza a los salvadoreños y será un indicio de que avanzamos por el camino correcto por primera vez en mucho tiempo.
*Criminólogo
@cponce_sv