Cataluña está luchando por convertirse en el nuevo estado independiente de Europa, pero esta es una batalla casi imposible de ganar. El 27 de octubre, los legisladores catalanes votaron a favor de declarar la independencia, pero solo el 51.8 % de los miembros del parlamento catalán apoyó la declaración. Eso significa que incluso los propios catalanes están divididos sobre la separación de España.
El Gobierno español ha amenazado con hacer lo que sea necesario para mantener el estatus quo en Cataluña y tiene la firme voluntad, así como los medios, para cumplir la amenaza. Por su parte, los separatistas en Cataluña tienen muy poco apoyo internacional del que puedan tomar fuerzas.
Para muchos observadores fuera de Europa, el problema inició cuando el gobierno catalán anuncia que celebraría un referéndum sobre la independencia, pero es de recordar que en 2014 se celebró un referéndum similar, sin similares consecuencias. Seguramente, todo lo que el gobierno catalán quería era tener una moneda de cambio que podría usar en sus negociaciones con el Gobierno español sobre los impuestos y otros asuntos relacionados con la autonomía política de la región. No hay que engañarse, Cataluña tiene económicamente más que ganar permaneciendo como parte de España; entonces ¿por qué emprender el proceso arduo y violento que inexorablemente acompaña a las declaraciones de independencia?
Cataluña periódicamente ha demandado una mayor autonomía e incluso independencia. En el siglo XVII, por ejemplo, la monarquía española intentó extraer más dinero de Cataluña porque Castilla estaba soportando una carga impositiva demasiado grande y porque la corona española necesitaba dinero para pagar sus guerras. El resultado fue la revuelta catalana de 1640–1652. En 1932, Cataluña una vez más intentó apoderarse de una mayor autonomía, solo para ser aplastada por Francisco Franco después de la Guerra Civil española de 1936–1939.
La Constitución española de 1978 volvió una vez más a abordar el tema de la autonomía catalana. Al principio, esto parecía funcionar bien. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir los mismos problemas que durante siglos distanciaron a Cataluña del poder español. A pesar del crecimiento económico español después de 1978, Cataluña se mantuvo significativamente más rica que el resto del país. Hoy en día, el PIB catalán representa el 20 % del PIB de España, y su PIB per cápita es más alto que el promedio de la Unión Europea.
La crisis financiera de 2008 golpeó particularmente a España. El desempleo juvenil aumentó a más del 50 % en 2014 y se mantiene en torno al 40 % en la actualidad. Cataluña quiere más control sobre su economía y menos carga fiscal para el gobierno central. Como resistencia, reinstituyó la enseñanza obligada del catalán en las escuelas.
Esto explica por qué el Gobierno español reaccionó con tanta fuerza ante las acciones separatistas del Gobierno regional, considerando el poco entusiasta respaldo de los votantes al referéndum, con una asistencia del 42 %. Cataluña solo es una de las 19 comunidades autónomas que conforman la nación española.
Si el Gobierno español no aplasta ahora el movimiento que lidera la declaración de independencia de Cataluña, se podría abrir la caja de Pandora de exigir más autonomía en otras regiones, o incluso, separaciones. El Gobierno y la Corona no pueden permitirlo.
El Estado de derecho existe solo en una comunidad política en la que todos, o la mayoría, acepten el contrato. Cuando hay un desacuerdo fundamental acerca de qué es la ley y quién la aplica, la estabilidad de la legalidad se rompe y la vida vuelve a ser desagradable y brutal, con victorias determinadas no por argumentos, sino por el monopolio de la imposición de la fuerza.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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