La dificultad para obtener la candidatura a una diputación, el control social al que están sometidos los legisladores y la audacia para responder a sus votantes, sin que su comportamiento genere suspicacias al interior de la respectiva bancada, hace mucho más difícil la labor de un diputado.
Las sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordenaron la elección, en procesos internos, de candidatos a cargos públicos a través del voto libre, directo y secreto de la militancia, la obligación de transparentar las finanzas de los partidos, candidatos y precandidatos, y la apertura de las listas junto al “voto cruzado” en las elecciones legislativas, representan un gigantesco desafío para quienes pretenden representar a los ciudadanos en la Asamblea.
Antes de 2012, los aspirantes al Órgano Legislativo eran designados por las cúpulas partidarias. Los preferidos ocupaban los primeros puestos en las listas; un voto por bandera significaba el respaldo a esos candidatos. Por otro lado no había control de las donaciones para sus campañas y tampoco competían contra sus mismos compañeros de partido por ganar la simpatía de los electores.
Ahora es más complejo alcanzar una curul, es más difícil ejercer las funciones legislativas y también es mucho más alto el riesgo de no ser reelegido en la siguiente elección. Someterse a un escrutinio al interior de un partido político obliga a quienes participan a adoptar la simbología y los rituales con los que comulgan sus miembros. No hacerlo podría interpretarse como una falta de identificación con el instituto político. Otros adoptan la estrategia de alejarse de esas “ceremonias” y se presentan como “el cambio”.
En definitiva, este primer escalón no es fácil de subir. Requiere carácter, estrategia y recursos. La competencia interna es otro de los cercos que debe cruzar el que anhela convertirse en diputado. Desde 2012, además de enfrentar a los postulantes de los partidos políticos adversarios, los candidatos también “pelean” el puesto con sus propios correligionarios. Sus ideas no pueden “golpear” a su colega y al mismo tiempo deben diferenciarlo del resto de sus camaradas para que los electores lo prefieran a él. Se presenta entonces una situación que fragmenta los mensajes de un partido. Sólo la coordinación desde la más alta dirección puede evitar contradicciones en este caso. También surge el riesgo de impugnaciones de resultados y de luchas legales por la candidatura que no deberían ser difíciles de resolver si las comisiones electorales cuentan con la facultad para dirimir esas diferencias y si el Tribunal Supremo Electoral, también con atribuciones expresas en la ley, sirve como árbitro de última instancia.
Por otra parte en la actualidad se castiga la falta de transparencia, no sólo por la población sino también a nivel formal, por quienes tienen a su cargo la fiscalización del dinero invertido. La presión social por el acceso a la información pública alcanzó a la política partidaria y llegó para quedarse. Un candidato o un partido que no revele sus finanzas, los gastos de campaña y el origen de sus fondos será visto con recelo. Declarar su patrimonio, aún antes de ser electo, y publicar un informe en el que rinde cuentas de las donaciones recibidas, de sus patrocinadores y del uso que hizo con esos recursos, son prácticas que el siglo XXI ha insertado en el manual para convertirse en diputado.
Una vez juramentados los legisladores encaran un desafío adicional. El nuevo sistema de votación permite identificar el número de marcas obtenidas por un candidato. Alguien que consigue miles de marcas y se impone con amplia ventaja sobre sus competidores, cuida el sentido de su voto. Sabe que los electores lo observan y que vigilan el cumplimiento de las promesas que hicieron en campaña. Si hace lo contrario, en tres años estará afuera del hemiciclo legislativo. La discusión que observamos, sobre todo en el principal partido de oposición, cuando se eligen funcionarios de segundo grado o se debate la aprobación de préstamos internacionales que necesitan de mayoría calificada, debería responder precisamente a esas razones y no a divisiones internas o compra de voluntades. Pero ese es precisamente el reto: saber comunicar por qué se aparta del grupo parlamentario sin que lo acusen de tránsfuga o corrupto.
*Columnista de El Diario de Hoy