Hasta hace unos meses, escuchar notas periodísticas sobre casos de corrupción que involucrasen a funcionarios activos o recientemente retirados no era algo frecuente. Los salvadoreños sabíamos que la corrupción era un problema grave, pero también estábamos acostumbrados a que era un mal que a nadie le interesaba denunciar o combatir decididamente. Esto es algo que, como lo demuestran los resultados de diversos instrumentos de medición de opinión pública, tenemos años de percibir. Sin embargo, esta dinámica está cambiando. La Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia han roto antiguos esquemas y forzado a que el sistema de justicia se enfoque en darle tratamiento a la corrupción sistémica de la que adolece el aparato público. Ahora, las noticias sobre la investigación y acusación de funcionarios corruptos son mucho más comunes que antes. Este cambio está llenando de esperanza a muchos.
La confianza ciudadana en la Fiscalía y la Corte aumenta a medida sus representantes revelan los oscuros detalles de las redes de corrupción enquistadas en las instituciones gubernamentales y cada vez que llevan los casos a los tribunales. El cambio de actitud de los salvadoreños en relación al fiscal general y los magistrados que han impulsado este tipo de casos, es notorio. Las redes sociales están inundadas de comentarios positivos y muestras de apoyo y agradecimiento para estos funcionarios. Claro, siempre hay detractores. Usualmente, los que critican tienen algún interés particular que anteponen sobre el del resto. Algunos son troles contratados por el oficialismo y otros tienen algún tipo de dependencia con los acusados. Los detractores, sin embargo, son la minoría.
La forma franca y objetiva con la que fiscales y magistrados han manejado los recientes casos de corrupción está movilizando a la ciudadanía y creando un interés y entusiasmo colectivo que poco a poco blinda la nueva dirección que ha tomado la justicia salvadoreña, aislándola de las influencias políticas. Los políticos que no se unan a empujar la carreta por este nuevo camino, están destinados al fracaso. No les quedará de otra. Indudablemente que el desempeño de los fiscales en los tribunales puede tener efectos adversos, pero si todo se mantiene constante, el futuro del país no se ve tan oscuro como hace algunos meses.
El Ejecutivo está renuente a adoptar esta nueva dirección. Los políticos y, por lo tanto, la corrupción que los caracteriza, siguen dominando el discurso y la orientación del trabajo de los funcionarios gubernamentales. Esta semana, por ejemplo, las autoridades de seguridad continuaron con un discurso triunfalista que no es congruente con la realidad de la ciudadanía, pero sí con la línea oficialista. Howard Cotto, director de la Policía, por ejemplo, se jactó de que la incidencia de homicidios disminuyó en 20 % en noviembre y 18.5 % en lo que va del año, al contrastar las cifras con las de 2015.
Las personas que viven el terror de las pandillas a diario saben que esto no describe su realidad. Las cifras que cita Cotto son engañosas. El 2015 fue un año atípico, las pandillas decidieron incrementar la cantidad de homicidios a niveles sin precedentes para negociar con el Gobierno. Este año han cambiado de estrategia, concentrándose únicamente en el asesinato de policías. El director debió haber comparado las estadísticas con las de un año común y corriente. Si se compara la incidencia de noviembre 2016 de la que se jacta Cotto, por ejemplo, con la de noviembre de 2014, cuando las pandillas no habían incrementado intencionalmente los homicidios, se calcula un aumento del 6 %.
Similarmente, la incidencia de enero a noviembre de este año es 41 % más alta que la del mismo período de 2014. La situación es grave y tratar de vender lo contrario, es una acción política en detrimento de la confianza ciudadana. Los pasos hacia adelante que dan los fiscales y magistrados, los dan hacia atrás los funcionarios gubernamentales.
*Criminólogo
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