El aparato legislativo estadounidense estudia la posibilidad de imponer sanciones económicas a Nicaragua, en respuesta al estilo totalitario de Gobierno de Daniel Ortega, a las acusaciones de corrupción en contra de sus funcionarios, y al hecho que desde que él llegó al poder se acabaron las elecciones libres y no se respetan los derechos humanos en ese país.
Por eso, distintas voces dentro del espectro político que adversa del mandatario nicaragüense coinciden en recordar que si bien el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos son los que pueden activar las sanciones contempladas en la NICA-Act, también señalan a una sola voz que es Ortega -y solo Ortega- quien puede desactivar esa amenaza.
La idea de proponer esta sanción no es nueva. Hace unos años, el senador republicano por el Estado de Texas, Ted Cruz, introdujo una propuesta de Ley para establecer esas sanciones, buscando presionar al régimen de Ortega para que regresara a la democracia, pero el anteproyecto caducó a finales de 2016.
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Eso llevó a que los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (también republicana) y el demócrata Albio Sires, reescribieran y endurecieran la propuesta de Ley, que ahora se conoce como NICA-Act, y le exige a Ortega que efectúe un combate real en contra de la corrupción que hay dentro de su propio gobierno y que respete los derechos humanos.
Aunque los medios de comunicación independientes publican las formas en que la administración Ortega beneficia a sus amigos asignándoles préstamos y contratos, el caso principal en contra de Ortega es el modo en que él privatizó la ayuda venezolana (que se acerca a los $4,000 millones a lo largo de su mandato) y la centró en una compañía que controlan él, su familia y sus socios venezolanos.
Siendo que la decisión de privatizar esos recursos, de cometer los fraudes electorales y de amenazar la integridad física de los opositores, es tomada en última instancia por Ortega, a él le compete renunciar a ese comportamiento y dejar sin argumentos a quienes le acusan en Washington, aseguran sus críticos.
El abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, señala que Ortega debe ceder en su decisión consumada de desmontar la democracia que había en el país, a su llegada al poder en enero de 2007.
A su juicio, Ortega debe entender que la institucionalidad y la democracia son importantes para que haya posibilidad de una transición. “Hay que forzar que Ortega entre en razón. Yo creería que él va a jugar al borde de la crisis, pero su historia tampoco dice que se vaya al precipicio. Siempre en el borde negocia y hay que llevarlo al borde rápidamente”, urgió.
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Por su parte, la también exdiputada Edipcia Dubón señala que “la pelota no está en nuestra cancha, sino en manos de quien gobierna el país, de quien tiene que restituir la institucionalidad democrática y abrir las puertas para que haya elecciones justas, libres y transparentes. Daniel Ortega tiene el control de todos los poderes del Estado, así que es el responsable único y exclusivo de lo que pasa en Nicaragua y él tiene la solución”.
“Así como en Managua la política se hace y decide en exclusiva en El Carmen, (donde están las oficinas de Ortega) irónicamente, el principal promotor de la “NICA-Act” en el Senado, y el actor decisivo para que la Casa Blanca aplique sanciones directas contra el régimen y sus allegados, es también el propio presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, opinó por su parte el periodista Carlos Fernando Chamorro.