En el marco de la semana de la transparencia y en la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, conviene reflexionar, de nuevo, sobre el peligro de no fiscalizar el financiamiento que reciben los partidos políticos. Ahora se comprende, aunque todavía de manera tibia, que la ausencia de reglas en este tema permite el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales, incentiva el conflicto de intereses entre los donantes y quienes se benefician de los patrocinios, sean estos precandidatos, candidatos o los mismos institutos políticos, posibilita la desigualdad de las condiciones de la competencia electoral y deja impune el uso de recursos del Estado para promover a los aspirantes del partido en el gobierno que buscan un cargo de elección popular.
Las acusaciones de posibles financiamientos irregulares en las campañas de los dos partidos mayoritarios en El Salvador dan cuenta de esta realidad. Los precedentes incluyen presuntos apoyos desde Taiwán, Venezuela y Brasil, campañas de diputados pagadas por el crimen organizado y abuso de los gobiernos de turno cuando subvencionan anuncios para levantar la imagen de los candidatos del oficialismo.
También falta una adecuada supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas de la República. El esfuerzo de Acción Ciudadana (AC), una organización de la sociedad civil, por obtener la información financiera de los partidos, demuestra que existe un alto grado de resistencia para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó regular esta materia así como la legislación electoral que se aprobó como consecuencia de aquella resolución judicial.
Ni los partidos ni las instituciones públicas responsables de vigilar a los primeros están colaborando para transparentar sus ingresos, gastos y financistas. Ciertamente deben revisarse las atribuciones del TSE con el propósito de aclarar el alcance de sus funciones. No se trata únicamente de recibir los estados financieros sino también de auditar y confirmar la veracidad de los mismos. Por otro lado se requiere examinar la “deuda política” que obtienen por parte del Estado. Tratándose de dinero público, la Corte de Cuentas está obligada a supervisar que ese dinero se haya invertido en actividades relacionadas con la campaña electoral.
A pesar de esas deficiencias, se reconoce que “la rueda ha empezado a girar” y, por tanto, será muy difícil revertir los avances legislativos y la presión pública que pesa sobre los institutos políticos y las entidades estatales para que entreguen los documentos solicitados. Retrasar esta tarea puede llevar al país a situaciones tan penosas como las ocurridas en Guatemala, Honduras y Brasil, por señalar tres ejemplos, en los que se han descubierto escandalosos casos de corrupción vinculados al financiamiento político.
Al margen de las dificultades y de la lenta evolución para fiscalizar esta área, los partidos no terminan de aceptar que el siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos para su participación en eventos electorales. La sociedad es mucho más exigente: quiere transparencia, vela por el cumplimiento de las promesas de campaña, examina con mayor rigor la experiencia de los candidatos y, cuando se trata de diputados que buscan la reelección, repasa su trabajo en la Asamblea Legislativa y los proyectos de ley que respaldaron. En buena medida, la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia se debe a la falta de resultados efectivos. La gente quiere que el “cambio” se materialice en más empleos, más salud, más educación y menos delincuencia.
En varios países está quedando atrás el bipartidismo y los Congresos se están fragmentando haciendo más difícil la labor de los presidentes. La aparición de “partidos franquicia”, cuya única finalidad es la de servir como vehículos para que candidatos populistas promueven intensamente su imagen, están debilitando a los sistemas políticos.
Por esas y otras razones es relevante que los partidos se reinventen y no teman, entre otros aspectos, modernizar su ideario, aceptar nuevos liderazgos, reconocer los errores del pasado y, prioritariamente, transparentar sus finanzas. Hoy más que nunca la democracia requiere de “partidos fuertes”, bien institucionalizados, que estén enraizados en la conciencia ciudadana, con presencia territorial a nivel nacional y que mantengan apoyo electoral entre una elección y otra. De lo contrario la cancha está lista para la “antipolítica”.
*Columnista de El Diario de Hoy