La Justicia española citó ayer al expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont, a 13 exconsejeros, y a los miembros de la Mesa del Parlamento regional (su órgano de Gobierno) a declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación los días 2 y 3 de noviembre.
La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, dictó un auto en el que llama a personarse este jueves en Madrid a Puigdemont, quien está en Bruselas junto a cinco de sus exconsejeros, donde -según dijo ayer en conferencia de prensa- permanecerá hasta que tenga “garantías” de un “juicio justo”.
Además de la citación para este jueves y viernes, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6 millones 207,450 euros, correspondientes con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias aprobadas para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada este lunes por la Fiscalía española por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al exjefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
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Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.
La citación de la Audiencia Nacional llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo llamó a declarar, a instancias de la Fiscalía, también el 1 y el 2 de noviembre, a los miembros de la Mesa del Parlamento regional catalán acusados igualmente de rebelión, sedición y malversación.
La Mesa permitió que el Parlamento regional debatiese y votase el viernes pasado sendas resoluciones para declarar un “Estado independiente en forma de república” e iniciar un proceso constituyente en Cataluña.
El Ministerio Público considera que dieron una “falsa apariencia de legalidad” al proceso independentista y tramitaron leyes como la ya anulada del referéndum, que “solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada”.
Suspenden declaración de independencia
Además, el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de esa declaración secesionista.
El Tribunal tendrá un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y advirtió a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que pueden incurrir en responsabilidades penales si no acatan la suspensión. El Tribunaldecidió ayer investigar a Forcadell y el resto de la Mesa.
Todo esto en una jornada en la que el foco de atención estuvo en Bruselas, donde el expresidente regional catalán Carles Puigdemont compareció en una rueda de prensa, en la que no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir auxilio en Bélgica y que sólo volverá a España cuando tenga “garantías” de un “juicio justo”.
“Nos quieren meter en prisión 30 años (...) Esto va a acabar con la idea de Europa y es un error enorme que todos vamos a pagar muy caro”, alegó Puigdemont, quien auguró que “al pueblo de Cataluña le queda un largo viaje por recorrer por delante”.
El ministerio español del Interior recordó al catalán que en España no se persigue a nadie por sus ideas, creencias u opiniones, “sino solo por su actuaciones al margen de la ley” y señaló que están “refugiándose en un victimismo que solo ellos creen”. -EFE.