El 2016 presentó avances concretos en la lucha contra la corrupción. Fue un año en el que la cooperación internacional, la elección de funcionarios independientes y el decidido protagonismo de la sociedad civil organizada contribuyeron a mejorar el combate contra aquel flagelo. A esa alineación de factores positivos debe unirse la Corte de Cuentas de la República cuyos integrantes se nombraron recientemente. Las declaraciones de la primera mujer designada como magistrada del organismo contralor sobre la “depuración global” que necesita la institución, prometen un desempeño similar al de la Fiscalía General y al de la Corte Suprema de Justicia en el control de la probidad de los empleados y funcionarios públicos.
Por otra parte la relación entre los Órganos de Estado mostró un deterioro significativo. Las acusaciones de los principales voceros del Ejecutivo y del partido de gobierno en contra de la Sala de lo Constitucional revelaron un preocupante comportamiento del presidente y de la comisión política de esa organización partidaria. El tono de los reclamos y las estrategias de presión, movilizando a sus bases con amenazas a la integridad física de los magistrados, rebasó las fronteras del respeto institucional. Lo normal habría sido expresar su desacuerdo con el criterio jurídico de la Sala.
Mientras tanto, el Ejecutivo perdió el respaldo del aliado que lo apoyó desde la administración anterior en la Asamblea Legislativa. El partido Gran Alianza Nacional negó sus votos para la aprobación de nuevos impuestos, del presupuesto general de la Nación y de algunas leyes que, no obstante su intención de disminuir la evasión tributaria, incumplen garantías constitucionales. GANA y el resto de partidos saben que los ciudadanos los observan y que en 2018, con el sistema de listas abiertas, podrían enfrentarse a un desastre electoral, perdiendo diputados, si continúan avalando medidas que perjudican a la población.
En cuanto a la “democracia de resultados” ni la economía ni la seguridad pública arrojaron mejoras sustanciales. Ciertamente disminuyeron los homicidios pero, según las encuestas de opinión, las extorsiones y la percepción de victimización siguen posicionando a la inseguridad como el principal problema. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico. Se anunciaron dos grandes inversiones inmobiliarias y una empresa suramericana inauguró operaciones en los últimos días. Sin embargo no existen suficientes empleos que alcancen a cubrir los puestos de trabajo para los miles de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.
Las mesas de diálogo que el presidente Sánchez Cerén instaló desde el inicio de su mandato no contribuyeron en 2016 a solucionar los dilemas señalados. El Consejo de Seguridad, el Asocio para el Crecimiento y la mesa fiscal, si bien incentivaron el intercambio de ideas entre los sectores privado y gubernamental, no lograron concebir acciones concretas para prevenir el delito, estabilizar las finanzas públicas y detonar una pujante actividad empresarial. Por el contrario, el procedimiento viciado para la integración del Consejo Nacional del Salario Mínimo deterioró la ya debilitada confianza en los funcionarios.
Aunque las principales fuerzas políticas suscribieron un acuerdo fiscal, todavía no se cumplen las condiciones pactadas. No se corrige el proyecto de presupuesto para el 2017, se ignoran las recomendaciones para reducir el gasto, está fuera de la discusión el debate sobre los incentivos que necesita la empresa privada para invertir, y se esquivan los temas de la calidad de los servicios públicos y de la profesionalización de los empleados y los funcionarios del Estado. El clientelismo político sigue sustituyendo a la meritocracia en las oficinas gubernamentales y la educación, la salud y el transporte público permanecen con déficits serios.
Los reclamos se concentran en la necesidad de más préstamos, de nuevas emisiones de bonos y de más impuestos. La lucha contra la evasión fiscal es necesaria e impostergable, pero esta debe efectuarse en el marco del Estado de derecho. Asimismo es urgente retomar la ampliación de la base tributaria.
El año también nos deja deudas importantes en materia electoral. Parece que algunos conspiran para que los comicios de 2018 exhiban los mismos o más graves problemas que las legislativas de 2015. El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario, es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.
*Columnista de El Diario de Hoy