El jurista catalán y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Castellà, comparte con El Diario de Hoy (EDH) sus impresiones sobre la crisis tras la declaración de independencia del Parlamento catalán.
¿Cómo afecta la situación de Cataluña al resto de España? ¿Y a Cataluña misma?
La crisis secesionista de Cataluña ha fracturado profundamente a la sociedad catalana, entre los partidarios y los detractores de la misma. Está provocando una gran inestabilidad económica con la huida de ahorradores y de empresas a otras ciudades españolas, además de una división política entre partidos y al interior de los mismos. Al mismo tiempo ha suscitado una reacción popular de defensa de España y la Constitución a lo largo y ancho del territorio nacional.
Esta crisis, ¿tiene una solución de negociación política o de una mera aplicación de la Constitución y de las leyes?
Se han desaprovechado las oportunidades de solución negociada: las autoridades catalanas solo querían dialogar sobre un referéndum de secesión. En cambio, el gobierno español había ofrecido pactos sobre cuestiones del autogobierno. Pero la aprobación a principios de septiembre 2017 de la ley de referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república por el Parlamento catalán nos adentró en la fase que culminó el viernes 27 de mayo. Son leyes que se situaban totalmente contra la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña. De ahí que lo prioritario fuese la restauración del Estado de derecho en Cataluña. Ahora, la crisis ha entrado en una nueva fase: la declaración de independencia por el Parlamento catalán -por la mayoría secesionista y sin la participación de los partidos contrarios- y la intervención de la autonomía catalana por el Senado acompañada de la convocatoria de elecciones al Parlamento catalán para el 21 de diciembre por el presidente del gobierno Rajoy. Celebradas estas, veremos qué partidos obtienen la mayoría parlamentaria y si hay un cambio de gobierno y de prioridades políticas que permitan la normalización institucional en Cataluña.
¿Merece la problemática en Cataluña un enfoque distinto al que se le ha dado durante los últimos años?
Seguramente a partir de diciembre se abren perspectivas de cambio político: la creación de una subcomisión en el Congreso de los diputados de estudio sobre el estado autonómico puede abrir la puerta a una discusión sobre la reforma constitucional y de la situación catalana en España. Lo fundamental es el acuerdo político logrado entre los tres partidos constitucionalistas: PP, PSOE y Ciudadanos.
¿Cómo se encuentra la opinión pública entre los catalanes respecto a los esfuerzos separatistas?
Las encuestas de opinión muestran la división de la opinión pública y que el separatismo va perdiendo posiciones respecto a otras de años anteriores -la última de julio, 49% en contra y 41% a favor. A medida en que se han conocido los detalles de la independencia ha generado más dudas e interrogantes: la salida automática de la Unión Europea, el carácter unilateral e inconstitucional de la independencia, el rechazo a la misma de empresas, bancos y de estados extranjeros ha contribuido a esta evolución de la opinión pública.
¿Estamos cerca de una salida a la crisis o de una profundización mayor?
Veremos cuál es la reacción de los partidos independentistas ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para diciembre. También hay que ver si las autoridades catalanas destituidas acatan la decisión del gobierno nacional y cuál es la reacción en la calle tanto de los grupos independentistas como de los partidarios de la unidad de España.