Para educar al pueblo, debe enseñársele a respetar y obedecer las leyes, y para lograrlo, los funcionarios públicos deben predicar con el ejemplo. Pero nuestros funcionarios, que al tomar posesión de sus cargos juraron cumplir con las leyes, son los primeros en incumplirla actuando de acuerdo a su conveniencia.
Mienten de la manera más descarada para justificar sus actuaciones, muchas de las cuales constituyen delitos. Es ofensivo escuchar al Presidente de la República agredir a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque a su partido no le convienen las sentencias que dictan, defendiendo la Constitución.
Las engañosas protestas organizadas por el Gobierno con pobres campesinos y humildes mujeres, portando carteles cuyo contenido ni entienden ni pudieron escribir contra los magistrados de la Sala. Sigfrido Reyes demostró en la Asamblea total desprecio por las leyes, hasta recurrir a la CCJ para esconder sus oscuras movidas, se ha atrevido a criticar a los diplomáticos que han dado su total apoyo a la FGR en su lucha por la transparencia, asegurando que “los diplomáticos no conocen la historia del país y quieren venir a dar cátedra”. Señor Reyes, dan cátedra porque son testigos de la corrupción rampante.
Lorena Peña, al darse cuenta que necesitaban la firma del Magistrado Presidente de la Corte de Cuentas, entonces acéfala, sugirió la creación de una comisión y de un decreto, poniendo en evidencia su ignorancia y su total irrespeto a las leyes.
El alcalde Bukele, que como candidato manifestaba comportamiento adolescente, al ostentar el cargo sigue actuando como niño mimado y caprichoso, haciendo su gana, imponiendo su voluntad e infringiendo las leyes. Y se ha tomado muy en serio que lo hayan considerado como persona mundialmente influyente por su ordenamiento del Centro Histórico, cuando debería avergonzarse del desorden causado. En el turbio negocio millonario del nuevo mercado, siguió el modelo “les guste o no les guste” al desestimar las objeciones de los concejales de la oposición.
Actitud prepotente en la protesta ante la FGR, por la investigación sobre su repudiable presunto involucramiento en el delito cibernético contra dos prestigiosos medios de comunicación. El lenguaje grotesco y soez que exhibe en sus mensajes lo descalifica totalmente como funcionario responsable y respetable. Y ante los señalamientos del también sospechoso negocio de las lámparas led, responde que la reputación de la empresa bajo investigación en Colombia, no le interesa a su alcaldía, lo que demuestra su desprecio por la ética.
A la sanción del TEG, por el nombramiento de sus parientes en la municipalidad, respondió sarcásticamente que pagaría la insignificante multa impuesta, pero no lo hizo aconsejado por sus abogados, porque sentaría un precedente. La falta de ética de tales abogados solo la supera la cobarde declaración del Presidente del TEG, Orestes Posada, de que la ley no le permite obligar al funcionario a despedir a sus parientes.
Cuando ley y el Código Municipal claramente establecen que “se prohíbe a funcionarios públicos nombrar, contratar, promover o ascender (..) a parientes...” Lo que también le salió sobrando al ex presidente de la CCR, Johel Valiente, que hasta ascendió a su hijo que trabajaba en esa dependencia. Más criticable la excusa del Ministro de Hacienda, de que los recursos del FODES, comprendidos en el Presupuesto del 2016, habían sido desviados para otros fines, lo que puede considerarse como malversación de fondos.
Ante estos lamentables ejemplos nos preguntamos por qué si el ciudadano común y corriente que infringe las leyes es sancionado y hasta va preso, ¿Qué privilegio tienen los funcionarios para hacerlo y continuar disfrutando impunemente los beneficios de su cargo?
*Columnista de El Diario de Hoy.