En recientes declaraciones, la embajadora de los Estados Unidos de América, Jean Manes, expresó en un evento público una frase que da para reflexionar sobre las finanzas de El Salvador; dijo que en este país “dinero hay, pero ¿a dónde se va?”. Esto puede resultar contradictorio cuando vemos la situación de pobreza en la que viven muchas personas, la falta de presupuesto para el pago de pensiones del sistema público o la falta de inversión en infraestructura en escuelas, hospitales y lugares públicos; de lo anterior podríamos pensar que, como país pobre que somos, no hay dinero.
Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de una situación reveladora y preocupante: en El Salvador sí hay dinero para financiar diversas organizaciones privadas. No hay fondos para montar la infraestructura necesaria para llevar agua a algunos sectores de la sociedad o para comprar medicamentos urgentes en los hospitales públicos; pero sí hay dinero (o al menos previsiones presupuestarias) para ser asignado a la fundación que dirigía la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa o para personas u organizaciones afines al partido político en el Gobierno.
La organización Acción Ciudadana ha revelado recientemente que alrededor de catorce millones de dólares anuales podrían estar siendo destinados al financiamiento de instituciones privadas, sobre las cuales es muy probable que no exista ningún control. En primer lugar, no hay control sobre las condiciones que dieron lugar a las que se les entregara el dinero; por otra parte, también es muy posible que sobre estas organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes no exista ningún tipo de control posterior a la entrega del dinero, ni sobre los objetivos para el que requieren los fondos, ni si realmente son ejecutados para un fin estatal o social.
Otra cuestión preocupante, como lo ha manifestado Acción Ciudadana, es el hecho que muchas de las organizaciones que aparecen en el Presupuesto General de la Nación, como beneficiarias de estos fondos para su financiamiento, han manifestado que no recibieron el dinero que se señala. Aquí vale volverse a preguntar, ¿A dónde está el pisto? ¿Quiénes fueron los receptores finales del dinero?
El financiamiento a organizaciones privadas podría ser uno de los agujeros por donde se va el dinero público y que nos hace creer que no hay o no alcanza. Esto se suma a la ya conocida cadena de mal gasto o mala administración de fondos públicos que vemos en forma de alimentos, viajes, carros, seguros y viáticos de funcionarios o empleados públicos. Y también se agrega a lo señalado por la embajadora de los Estados Unidos de América, a todo ese dinero que se pierde en corrupción, sobornos o, de forma más clara, robo de fondos públicos.
Todo lo anterior tiene como raíz común la mala elaboración presupuestaria, más su ineficiente y descontrolada ejecución que no garantiza el buen uso del dinero que aportamos todos los salvadoreños. Como ya lo he manifestado en anteriores columnas, la ley de presupuesto debe especificar la cantidad, finalidad y entidad que debe realizar los gastos públicos en sus aspectos cuantitativo (cuánto dinero dispone) y cualitativo (el fin específico para el cual está destinado). Por otra parte, bajo el principio de transparencia presupuestaria, es deber de cada uno de los funcionarios rendir cuentas sobre la administración y destino de los fondos públicos; lo anterior, con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción o mala administración en el manejo y destino del dinero del Estado.
La corrupción, mala administración o robo, desvía el dinero que debería ser ocupado para mejorar escuelas y abastecer de medicamentos los hospitales del país; está claro que las finanzas públicas no tienen la capacidad para mantener el ritmo de gastos innecesarios o mal asignados, mucho menos está para financiar organizaciones privadas de las cuales desconocemos lo motivos que impulsaron a asignarles fuertes cantidades de dinero. La Corte de Cuentas debe actuar firmemente en las auditorías a estos casos y la ciudadanía tiene que estar pendiente de la actuación de todas las instituciones públicas, pues es el dinero de los salvadoreños lo que está en la mira. Sigamos preguntando, ¿A dónde está el pisto?
*Columnista de El Diario de Hoy.