El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, afirmó ayer en la entrevista de Radio Cadena Mi Gente, que hay ciudadanos que están pidiendo demasiada información a la Sección de Probidad con el fin de hacer “colapsar” a esa entidad y frenar así algunas investigaciones de “corrupción” que se realizan de las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios y funcionarios públicos.
“Es muy probable que para evitar la investigación de corrupción de determinados funcionarios se hagan múltiples solicitudes para hacer colapsar la propia Sección de Probidad, para que se entretengan buscando estadísticas, realizando auditorías de funcionarios que han dejado de serlo desde hace más de 30 años, pero con el único propósito de entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones o impedir el desarrollo de una agenda marcada por la institución”, afirmó el magistrado Blanco.
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Ante esto, es que el magistrado explicó que han tenido que presentar demandas de amparo, porque “se advierte un claro propósito de frenar, de impedir las investigaciones en casos de corrupción”.
Agregó que han entregado más de 10,000 declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y que ahora hay ciudadanos que están solicitando que la Sección de Probidad entregue la base de datos completa de los funcionarios para que se haga del conocimiento público todos los expedientes que se encuentran en poder de esa oficina de la CSJ.
“Se procuran formular múltiples solicitudes a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública para que la Corte Suprema de Justicia se entretenga buscando estadísticas, buscando documentos con distintas oficinas de la Corte Suprema de Justicia para que transcurra el tiempo, para que no se investigue a una persona en concreto, para que se paralice el normal desarrollo de las instituciones”, ahondó.
Esta situación se está generando en todas las unidades del Órgano Judicial, por ejemplo, Blanco informó que tienen casos en los que ciudadanos han pedido datos estadísticos que se extralimitan en lo que la Ley de Acceso a la Información Pública establece.
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Mencionó un caso concreto de una petición sobre el total de denuncias de violencia intrafamiliar atendidas desde 2012 hasta 2016, registrada en cada uno de los juzgados de Paz y de Familia de San Salvador, Ilopango, Soyapango y San Martín.
En esa misma solicitud quieren que se determinen las denuncias interpuestas por año en cada uno de los municipios, rangos de edades de los denunciados, si son de 50 años o mayores de esa edad, sexo, entre otros aspectos.
“Es cierto que el derecho al Acceso a la Información Pública es constitucional, también tiene ciertos límites que vienen reglados por las leyes secundarias, no se pueden extralimitar”, reflexionó.
Añadió que a las instituciones públicas llegan peticiones que a veces son datos que, a criterio de Blanco, no corresponden con el “interés público”, o son “intranscendentales”, aseveró.
Conocer cuántos lápices se han gastado en una institución, es uno de ellos, citó.