Para los inversionistas extranjeros en El Salvador aún no está claro de dónde sacará el Gobierno el dinero para pagar todos sus compromisos para los próximos dos años, aseguró este martes la vicepresidenta adjunta de la calificadora de riesgo Moody’s Investor Services, Ariane Ortiz.
La representante consideró que para la agencia, pese a que ven con optimismo que en el país se haya logrado un consenso para aprobar la reforma de pensiones, “los riesgos de liquidez aún se mantienen”.
“Si bien se aprobaron $168 millones para cubrir los requerimientos financieros de 2017, todavía no hay claridad de cómo se van a cubrir los de 2018 y 2019; y mientras no veamos que hay un acuerdo adicional o bien un acuerdo de ajuste fiscal que haga que estos requerimientos financieros sean mucho menores (…) los riesgos políticos que están de la mano de estos riesgos de liquidez son tales que hacen que la calificación de riesgo siga limitada a Caa1”, explicó Ortiz durante un foro organizado por la consultora Luis Membreño.
Moody’s señala que aunque la reforma de pensiones redujo los peligros financieros de corto plazo, pues aseguró el pago de la deuda previsional correspondiente a octubre; y en el mediano plazo reducirá el déficit fiscal gracias a la reestructuración de los Certificados de Inversión Previsional (CIP)-con los que el gobierno paga las pensiones del ISSS e INPEP-, “no queda claro si los beneficios fiscales van a estar aquí en un futuro no muy lejano”.
Las estimaciones de la calificadora estadounidense indican que para 2018, los requerimientos financieros serán por el orden del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, menores en comparación a los 8.5 % del PIB de 2016.
No obstante, “el punto no necesariamente son los montos, que van a ser menores, sino que persiste la falta de acuerdos”. Moody’s dice ver con preocupación que en El Salvador, aunque sean pequeños, “cada vez los acuerdos requieren de muchísimo esfuerzo”.
Baja calificación
La última nota que otorgó Moody’s a El Salvador fue en abril de este año, cuando colocó al país en el escalón “Caa1”, el penúltimo dentro de su tabla de clasificación.
Asignó perspectiva estable a dicha calificación porque consideró que aunque no va a empeorar la situación del país, tampoco hay señales claras de que va a mejorar.
Según la ejecutiva, por sus condiciones económicas como razones de deuda, nivel institucional, crecimiento económico y niveles de ingreso per cápita, entre otros fundamentales, El Salvador debería tener una calificación mayor (en la escala de las B); no obstante, como los riesgos de liquidez se mantienen, los bancos ahora pueden absorber menos los instrumentos de deuda de corto plazo del Ejecutivo (Letes) y persiste la polarización política que pese a la reforma de pensiones no ha logrado alcanzar un acuerdo fiscal, Moody’s no puede aumentarla más allá de la Caa1.
“Puede que estemos en un punto de inflexión en el que se vayan a dar más acuerdos, pero no veo claridad de que ese sea el caso. (…) Es difícil para nosotros subir la calificación si no sabemos si se van a pagar los bonos en los próximos dos años. Entonces, pensar en temas de crecimiento y digamos temas de fundamentos de largo plazo no se puede mientras ese riesgo siga latente”, puntualizó Ortiz.
Reiteran necesidad de ajuste fiscal
Durante el foro de Luis Membreño Consulting, el jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Álvaro Trigueros, insistió en que el ajuste fiscal sigue siendo necesario en el país.
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“Sabemos que todo ajuste es doloroso, pero uno hace las cosas por una razón, por una causa, y en este caso, esa causa es el desarrollo del país”, señaló Trigueros.
El representante de Fusades explicó que en un escenario económico de un ajuste cercano al 1.35 % del PIB, la deuda pasaría de representar el 64.3 % del PIB actual al 59 % en 2024; y si además se lograra un crecimiento del 4%, la deuda respecto al PIB bajaría hasta ser del 47.1 % en el mismo año.
Trigueros insistió en que es primordial apostarle a la inversión, mayor producción y, sobre todo evitar “estar en conflicto con el sector productivo, porque tiene sus costos”.
El economista Luis Membreño, quien lidera la consultora que organizó el evento, dijo que la reforma de pensiones es solo el principio de los acuerdos que el país requiere.