El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha repasado con los presidentes del Triángulo Norte los avances a los que se comprometieron dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y les advirtió que los $750 millones de ayuda que el Congreso estadounidense aprobó están sujetos a “condiciones importantes”.
Los lineamientos estratégicos de acción de este plan tienen entre sus objetivos dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado.
Sin embargo, hemos observado noticias contradictorias a estos objetivos para el caso de El Salvador. Ante la publicación de que El Salvador no cumplía con esta condiciones importantes, al día siguiente la embajada, por medio de un comunicado salió al paso asegurando que sí se ha cumplido con “medidas efectivas”. ¡Qué bien por nuestro país!
Según las noticias, el tema fiscal es el talón de Aquiles en El Salvador. El freno a la designación de fondos del Plan Alianza Para la Prosperidad para El Salvador ocurre justo cuando el Ministerio de Hacienda afirmó que existe falta de fondos en las arcas del Estado para pagar pensiones a empleados públicos y para saldar las deudas con los acreedores de las AFP.
Probablemente el Departamento de Estado norteamericano debió reconsiderar hacer los desembolsos tras las señales negativas que el Gobierno ha enviado a nivel local e internacional, como la declaración de estado de emergencia lanzada por la Presidencia de la República. O como la campaña emprendida por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica sobre considerar la posibilidad de un “default” o caer en impagos ante acreedores locales.
A principios de octubre, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador expresó que el Gobierno estadounidense está preocupado por la situación financiera salvadoreña y la falta de acuerdos para resolver la crisis fiscal y política.
Los gobiernos de Triángulo Norte en el Plan se comprometieron a mejorar la eficiencia del gasto público, aumentar los niveles de inversión pública y modernizar la gestión financiera del Estado desde la formulación del presupuesto hasta la evaluación del gasto, con horizonte plurianual. La gestión y manejo de la deuda pública constituirá un elemento central del Plan, a fin de asegurar su sostenibilidad y la generación del espacio que requieren las inversiones necesarias para el desarrollo de los tres países.
Es más, los tres países han elaborado los lineamientos del “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” que guiarán las acciones prioritarias de mediano plazo para crear las condiciones de desarrollo que permitan el arraigo de la ciudadanía, evitando con ello la emigración.
Pero un 50 % de los fondos se desbloqueará solo cuando el Secretario de Estado de EE. UU. certifique que los países están dando pasos para combatir la corrupción, fortalecer las instituciones y promover los derechos humanos, entre otros indicadores. Y el 25 % de la asistencia estará congelada hasta que el Secretario de Estado certifique que cada país ha tomado medidas concretas.
Las autoridades estadounidenses están dedicadas a trabajar con las salvadoreñas para construir comunidades fuertes, que puedan proveer oportunidades para su gente. Además, buscan trabajar con el Gobierno de El Salvador para mejorar eficacia de los fiscales, oficiales de policía y jueces, aportando ideas sobre cómo rastrear a los criminales, las drogas, las armas y el dinero lavado.
Estados Unidos plantea un enfoque integral y equilibrado de prevención, que incluye incluso acciones y leyes para reducir la demanda de drogas ilegales en su territorio.
*Columnista de El Diario de Hoy
resmahan@hotmail.com