Cosas inesperadas están sucediendo en nuestro país. Lo que hace algunos años no podíamos ni siquiera imaginar, está ocurriendo en nuestras narices sin que todavía nos hayamos percatado a cabalidad de su trascendencia actual y de su importancia futura.
Estamos presenciando el inicio de procesos judiciales contra personas que, antaño, jamás habrían pasado por los tribunales. Y con independencia del resultado final que tengan esos procesos, lo cierto es que se trata de un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La Fiscalía General de la República con su función de persecución del delito, y los jueces con su honroso encargo de juzgar a sus semejantes, tienen ante sí un reto de proporciones gigantescas, sobre todo por la expectativa que se ha generado en la ciudadanía.
En el caso concreto de las investigaciones realizadas al expresidente Saca y a algunos de sus funcionarios, y siempre con independencia del resultado que tengan los procesos en los que desde luego debe procurarse el respeto a todas las garantías constitucionales de los acusados, ha quedado al descubierto una nefasta práctica que todavía no sabemos bien ni cuándo inició, ni mucho menos sabemos bien si es que ya terminó.
Atónitos e indignados hemos quedado al darnos cuenta que al interior de Casa Presidencial, según esas investigaciones, se han estado manejando los fondos públicos como si no hubiera que rendirle cuentas a nadie, o como si no hubiera un mañana en que los fondos se requerirán para actividades de beneficio colectivo.
Ni los imputados ni sus abogados defensores han podido sostener la inexistencia de esta terrible “discrecionalidad” en el manejo de los fondos públicos. Por el contrario, la justificación ha sido que se trata de una práctica que siempre ha existido en el Órgano Ejecutivo y que no se ha hecho nada distinto a lo que siempre ha ocurrido.
Por donde se quiera mirar, tal argumentación solo denota la gravedad de la enfermedad y la urgente necesidad de adoptar todos los remedios que se requieran para su pronta erradicación.
Las acciones judiciales tendrán que seguir su curso y, en relación a ellas, los ciudadanos tenemos que exigir actuaciones honestas, serias e independientes de los jueces que conocerán los casos, así como actuaciones profesionales y decorosas de acusadores y acusados. Hasta ahí podemos llegar en ese afán, apoyando siempre cualquier esfuerzo que se haga en el combate a la corrupción sin distingos ideológicos, sociales, económicos o religiosos.
Pero sin perjuicio de lo que llegue a ocurrir y de las decisiones que al efecto se adopten en los casos que están siendo promovidos, tenemos que hacer causa común para que estas prácticas no se repitan y para que de ser aún parte de la cotidianeidad en la presidencia – que no lo sabemos - las mismas cesen de inmediato.
No pueden estarse utilizando nuestros impuestos para el sostenimiento de asuntos personales, familiares o de negocio de ningún funcionario. No es posible encontrar algún asomo de regularidad o de sensatez en la apertura de cuentas bancarias a nombre de individuos y que en esas cuentas bancarias se depositen fondos del erario público; eso no debe pasar jamás.
No puede dejarse la administración de fondos públicos en el más absoluto oscurantismo so pretexto de estar siendo utilizados para labores de inteligencia; algún control debe existir. Tampoco pueden existir personajes que sin ser funcionarios tengan acceso a dineros del Estado. No pueden estarse realizando viajes presidenciales que no cuenten con autorización legislativa específica y sin que sepamos para qué se realizan y cuánto se gasta en ellos.
Y por supuesto que no pueden seguir existiendo sobresueldos pagados a funcionarios y empleados públicos cuyos montos nadie conoce ni nadie controla. Todos debemos conocer cuánto se paga de verdad a nuestros funcionarios. Como he dicho en otras oportunidades: es mucho mejor tener funcionarios bien pagados, con salarios competitivos, con menos privilegios y con total transparencia en cuanto a su remuneración.
Sobre todos estos puntos podemos tener muchísima incidencia. Tenemos que exigir la mejora de los mecanismos de acceso a la información pública y, sobre todo, hacer uso de ellos. Tenemos que exigir el irrestricto cumplimiento de sentencias judiciales que ya han abordado los temas antes identificados, así como pedir la adopción de leyes y reglamentos que propicien el manejo adecuado de los fondos públicos y la contratación de funcionarios idóneos justamente compensados.
Por último, tenemos que comenzar a identificar a quienes en serio quieren hacer país al pretender un cargo público y distinguirlos de los que solo buscan aprovecharse a nuestra costa. A esos últimos que hoy por hoy son muchos, no podemos ni debemos seguirles permitiendo que nos gobiernen o administren.
*Colaborador de El Diario de Hoy
@hsaenzm