La cantidad de policías asesinados en El Salvador es alarmante. Hasta la fecha, las estadísticas oficiales indican que alrededor de 40 efectivos policiales han sido víctimas de homicidio. Siendo conservadores en el cálculo, esto significa que aproximadamente 2 de cada 1,000 policías han sido asesinados en el país. La cifra correspondiente al año pasado fue similar. La Policía, en consecuencia, tiene dos años de estar perdiendo a 2 de cada 1,000 de sus integrantes en ataques violentos.
Es necesario poner esto en perspectiva para lograr entender la magnitud del problema. Contrastar El Salvador con Estados Unidos, es una excelente forma de ilustrar lo grave de la situación. Durante 2015, incluyendo en el cálculo además de muertes violentas las accidentales y naturales, Estados Unidos registró una tasa de muertes de policías de 0.17 por cada 1,000. Esto significa que los policías salvadoreños están expuestos a un riesgo aproximadamente diez veces más alto que sus contrapartes estadounidenses. La cifra sigue incrementándose. Al escribir esta columna, los medios de comunicación reportaban a dos policías desaparecidos.
La incidencia de este tipo de hechos tiene un comportamiento muy particular. Los ataques en contra de personal policial presentan una concentración temporal. Al observar las cifras, la frecuencia de los incidentes no está distribuida equitativamente en el tiempo, sino más bien éstos se dan en ráfagas. Esto sugiere que su ejecución no es aleatoria, sino deliberada. El patrón, por tanto, debe de estar vinculado a factores precipitantes.
La negociación entre el Estado y cabecillas pandilleros, propiciada por el Gobierno de Mauricio Funes y diseñada por David Victoriano Munguía Payés, actual ministro de Defensa, convirtió a los homicidios en contra de policías en una importante ficha de trueque para las pandillas. En el pasado, ha sido evidente que dichos grupos incrementaron la cantidad de hechos para recalibrar su posición en el contexto de su interacción con el Estado. Las autoridades aseguran que la negociación con las pandillas está en el pasado. Sin embargo, un video difundido recientemente, en el que figuran importantes funcionarios del actual gobierno negociando votos con pandilleros, sugiere lo contrario.
Suponiendo que el oficialismo abandonó la negociación con las pandillas, es importante preguntarse por qué los funcionarios correspondientes niegan que existe un factor precipitante asociado con la más reciente racha de homicidios en contra de policías. Una regla de dedo comunicacional en el ámbito de la seguridad, es prevenir o minimizar las consecuencias de las malas noticias anticipándose a su difusión. Esto, según expertos en el tema, permite que las autoridades proyecten la información a su antojo.
Bajo esta premisa, manteniendo todo lo demás constante, resulta ilógico que los funcionarios no acepten que existe una instrucción al interior de las pandillas de iniciar ataques en contra de personal del sistema de justicia penal. Existen suficientes indicios que indican que este es el caso. Aceptar públicamente la existencia de esa instrucción ayudaría a prevenir más hechos, ya que propiciaría la adopción de medidas de protección.
Al abrir más los criterios de análisis, sin embargo, es fácil identificar razones por las cuales el gobierno no opta por aceptar la existencia de la amenaza. La explicación menos complicada y comúnmente utilizada para encontrarle lógica a la mayoría de desaciertos del ejecutivo, es la incapacidad de los funcionarios. No obstante, el manejo mediático del tema de seguridad por parte del oficialismo ha sido cuidadoso e instrumental, enmarcando cada situación de forma tal que contribuya a consecución de objetivos políticos. Siguiendo este patrón, se podría inferir que el manejo mediático de los ataques en contra de policías busca ocultar sus factores precipitantes por razones eminentemente políticas. No existe suficiente evidencia para asegurar esto de forma categórica, pero sí es evidente que la seguridad de los agentes policiales no es tan prioritaria como otras cosas para el oficialismo.
*Criminólogo.
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