Hemos presenciado cómo la Fiscalía General de la República, con su decidida labor, se ha sumado a otros esfuerzos, como el emprendido inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, al investigar algunos de los presuntos casos de corrupción con los que, desde tiempos remotos, se ha obstaculizado el desarrollo y el bienestar de los habitantes en El Salvador.
Diversos sectores nacionales e internacionales han hecho un llamado a reflexionar sobre algunos de los daños que la corrupción causa al país: un mayor número de muertes en los hospitales públicos, ante la falta de medicinas y de una atención adecuada, y más niños y niñas sin una mejor educación, al asistir a escuelas en condiciones precarias, amenazados por la inseguridad. Además, la inversión y la generación de empleos se ven claramente afectadas, al optar las empresas por expandir o trasladar sus operaciones a países con menores índices de corrupción.
Ante esto que parece ser el despertar del Estado de derecho en El Salvador, los ciudadanos percibimos, por primera vez, que hay un mayor temor entre los políticos a involucrarse en actos de corrupción, principalmente en aquellos actos que conlleven a su propio enriquecimiento a costa de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, y que vale la pena decir, representan un importante porcentaje de nuestros egresos. En efecto, soportamos significativos descuentos de ley sobre nuestro salario y pagamos, además, impuestos por cada cosa que consumimos, a cambio de servicios públicos deficientes que, lejos de significar una contraprestación digna, obligan a incurrir en gastos exagerados para el nivel de vida existente en el país.
Tal como se ha mencionado, debe reconocerse que este despertar institucional tiene su origen en las actuaciones de la actual Corte Suprema de Justicia, que luego de un poco más de medio siglo, aplicó por primera vez las disposiciones de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual ordena enviar a un juicio civil a los funcionarios que no hayan justificado debidamente su aumento patrimonial. Esta ley, que adolece de enormes vacíos, posee, no obstante, una gran virtud: el juicio civil al que se ha hecho referencia, el cual habría sido derogado por Ley de Probidad, aprobada en diciembre de 2015; por suerte, la aplicación de esta ley se encuentra en suspenso, producto de una medida cautelar adoptada por la Sala de lo Constitucional, al admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada por miembros del Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, en enero de este año.
Sin embargo, no podemos perder de vista que mientras la Sala de lo Constitucional continúa sin resolver esta demanda de inconstitucionalidad, sigue aplicándose la ley antigua, en la que se establecen multas de 100 colones por no presentar la declaración patrimonial, entre otras igualmente obsoletas disposiciones de esta ley, las cuales continúan favorecido a la corrupción en El Salvador. En ese sentido, es importante el llamado que el Equipo Gestor hizo a la Sala de lo Constitucional en días recientes, al solicitar que se agilice la resolución de este proceso.
Sin una adecuada Ley de Probidad, junto con otras medidas necesarias, como son un refuerzo presupuestario a la Sección de Probidad y a la Fiscalía General de la República, entonces el despertar del Estado de derecho podría terminar siendo un sueño truncado de imponer el orden en un país históricamente sumido entre tanta corrupción. No permitamos que ello ocurra.
*Abogado y colaborador
de El Diario de Hoy.