El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), presentó ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, por considerar que los diputados no analizaron los criterios de idoneidad, capacidad y moralidad de los candidatos.
“La Asamblea Legislativa, una vez más, incumplió con las obligaciones constitucionales con conducir un proceso alejado del deber ser y alejado de la jurisprudencia constitucional”, señaló el presidente de dicha organización, Humberto Sáenz Marinero.
Según dijo, la Asamblea Legislativa tiene que “verificar, acreditar, comprobar que los aspirantes cumplen con los requisitos de moralidad, competencia notoria e independencia político partidaria”, algo no ocurrió, según el abogado.
“Nosotros revisamos el dictamen que emitió la comisión Política de la Asamblea e identificamos que eso no se hizo (análisis de candidatos), que lo único que la Asamblea realizó fue un listado de los atestados que tuvo a la vista, de unas consideraciones etéreas de los postulados de moralidad y competencia notoria y que no entró a verificar si estos aspirantes reunían o no esas calidades”, consideró el titular del CEJ.
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El 28 de agosto los diputados nombraron a Carmen Elena Rivas Landaverde como presidenta del ente contralor, y como magistrados a María del Carmen Martínez Barahona y Roberto Antonio Anzora.
Según dijo Sáenz Marinero, el CEJ no está atacando a funcionarios en particular, sino que está pidieron que se declare ilegal el proceso de selección y nombramiento de los nuevos magistrados.
“Si la Sala llega a estar de acuerdo con nuestros argumentos, entonces la totalidad del proceso debe ser declarado inconstitucional”, explicó.
Agregó que la demanda incluye algunos ejemplos para ilustrar a la Sala de lo Constitucional de cómo fue que la Asamblea Legislativa desarrolló el análisis de los postulantes.
“Por ejemplo, hemos hecho notar que de algunos de los funcionarios, ahora lo único que existe es un listado de cuáles son las posiciones que han ocupado dentro de la Corte de Cuentas. Eso nos parece que es insuficiente, es una burla a la jurisprudencia constitucional en donde se le exige que verifique de verdad”, afirmó Sáenz Marinero.
Esta elección ha sido cuestionada también por el hecho de que la presidenta del ente contralor, Carmen Rivas Landaverde, fue candidata a diputada por el extinto Partido de Conciliación Nacional y figuraba en el padrón de dicho instituto político.
Sin embargo, la funcionaria negó que estuviera afiliada al ahora Partido de Concertación Nacional (PCN) y aseguró que su nombramiento está apegado a la ley.