Ante la mirada impotente del aparato de seguridad, las pandillas convirtieron septiembre en el mes más violento de 2017. Lograron manejar la violencia a su antojo, con precisión casi quirúrgica, en medio del publicitado y visible despliegue de personal militar y vehículos de combate en el Área Metropolitana del Gran San Salvador. Las versiones oficiales con las que distintos funcionarios han tratado de explicar la ola de violencia son incongruentes y hasta contradictorias, por lo que resultan poco creíbles.
Hace algunos días escuché a Carlos Carcach y Juan Martínez analizar el incremento de homicidios y evaluar el discurso oficial relacionado al tema, en el programa de entrevistas moderado por Nacho Castillo. Los dos invitados justificaron el escepticismo con el que la ciudadanía recibe ahora las explicaciones oficiales, haciendo referencia a las múltiples ocasiones en las que el tiempo ha desenmascarado las charlatanerías y engaños que los funcionarios han utilizado para embaucar a los salvadoreños en temas vinculados a la seguridad pública. Es más, opinaron que esto no solo justifica el que seamos escépticos, sino que convierte nuestro escepticismo en una actitud obligatoria.
No creo que muchos se traguen las mentiras vociferadas por el vicepresidente Óscar Ortiz, el ministro Mauricio Ramírez Landaverde o las del director Howard Cotto. Cada vez que uno de estos personajes abre la boca, he visto cómo las personas reciben sus declaraciones con una expresión de incredulidad e indignación, que dibuja un guiño de ojos combinado con un fruncido de boca y el leve movimiento de la cabeza de lado a lado. A uno que otro se le escapan, entre dientes, calificativos con los que resumen la falta de confianza que le tienen a las autoridades.
No basta, sin embargo, con no creerse las farsas que venden los burócratas, es necesario tratar de descifrar que esconden detrás de ellas. Los diferentes espacios de opinión en los que se ha discutido la temática dejan claro que no existe un consenso sobre qué tratan de encubrir las mentiras oficialistas. Algunos opinan que el gobierno intenta disimular su incompetencia. Según esta lectura, el aparato de seguridad está contra las cuerdas, ha intentado todo lo que se le ha ocurrido, pero ha sido incapaz de controlar a las pandillas y, en su desesperación, trata de crear una realidad ficticia en la que se esconda su ineptitud.
Otros pintan un escenario más complicado, argumentando que este caos es planificado y calculado. El incremento de homicidios, de acuerdo con esta apreciación de la situación, fue diseñado por estrategas oficialistas para la consecución de objetivos políticos-partidarios. Algunos sostienen que estos objetivos están relacionados con la aprobación de más dinero utilizando la bandera de la seguridad pública, pero que en realidad se utilizará para otros fines. Otros analizan que la estrategia es de carácter electoral y tiene una segunda parte en la que los funcionarios de seguridad (y el partido oficial) se proyectarán como redentores del país.
Hay varias versiones sobre la verdad que esconden las mentiras de Ortiz, Ramírez Landaverde y Cotto. Unas más realistas que otras. La falta de consenso y la distancia que existe entre las explicaciones ofrecidas por analistas revelan el elevado nivel de escepticismo que han creado las mentiras gubernamentales en la ciudadanía y, además, la deteriorada percepción ciudadana sobre carácter, transparencia y honestidad del gabinete de seguridad, creyéndolo capaz de las más atroces acciones con tal de alcanzar objetivos codiciados por políticos y grupos de poder. A pesar de la triste realidad que esto sugiere, el desarrollo de esta actitud crítica entre la ciudadanía tiene el potencial de convertirse en una fuerza transformadora que, de encauzarse y explotarse de forma inteligente, llevará a grandes cambios en la política del país.
*Criminólogo
@_carlos_ponce