El embajador de España en El Salvador, Federico de Torres Muro, advierte que el arma que tiene España para hacer frente a la situación que vive Cataluña no es otra que la Constitución de 1978, que establece las bases legales del Estado español.
¿Qué salidas políticas y jurídicas tiene el Gobierno de Madrid para salir de esta coyuntura que se vive en Cataluña?
La carta más importante que tiene es la Constitución de 1978. Eso por lo que se refiere al gobierno. Por lo que se refiere al Estado hay toda una serie de instituciones, empezando por el poder judicial que tiene que salvaguardar los principios constitucionales entre los que están la soberanía nacional y la unidad de España. Esos principios se pueden matizar, se pueden reformar pero siempre sobre la base de una mayoría cualificada y no de unos actos unilaterales de cualquier autoridad, ya sea del Estado o de una comunidad autónoma.
El gobierno tiene que respetar la Constitución y hacerla respetar, no puede actuar en contra de ella, porque la Constitución de 1978 es la base de una España moderna que consiguió revolucionar desde un régimen totalitario hasta lo que ahora es España, una democracia consolidada.
¿Fue legítimo el ejercicio que realizó Cataluña el domingo o se considera ilegal?
Yo creo que no. Si se puede calificar de referéndum lo que tuvo lugar en Cataluña, yo tengo mis dudas que se pueda calificar así.
¿Por qué?
En primer lugar porque no había un censo electoral, un control de quién votaba o dejaba de votar. Eso no impidió que hubiera personas que votaran tres o cuatro veces. Es decir, es muy difícil hacer una valoración de un acto que en sí mismo es ilegal y anticonstitucional, donde hay personas que votan más de una vez, donde los miembros de las mesas electorales son militantes de la causa independentista, no neutrales, donde hay una toma de posición de las autoridades del gobierno autonómico en favor de una de las dos opciones de la pregunta. No había garantías para darle validez alguna a lo que ocurrió ayer.
El domingo vimos imágenes duras del proceso en Cataluña y el accionar de la Guardia Civil. ¿Qué opina de los señalamientos de que hubo represión por parte de las autoridades?
Es indudable que la actuación de la Policía, ayer, se produjo en unas circunstancias muy complicadas, con unas autoridades regionales catalanas que habían llevado esto hasta sus últimas consecuencias, pero entiendo que la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado fue equilibrada y, si en algún caso aislado no lo ha sido, pues eso se puede investigar y se puede resolver donde se debe resolver ese tipo de cosas: en el Poder Judicial.
¿Qué cree el Gobierno de España que motiva a Cataluña a tomar estos pasos para independizarse?
Es muy difícil de saber porque, en principio, España es un Estado fuertemente descentralizado. Hay que tener en cuenta que las autoridades catalanas son democráticamente elegidas y tienen competencias en materia de salud, educación; tienen sus propias fuerzas de seguridad. Hay un amplio grado de autonomía. No acierto a entender qué pueda haber detrás de esto. Es un extraño maridaje de fuerzas políticas de muy distinto signo, incluyendo fuerzas de corte extremista y antisistema, contrarias a la integración de una Cataluña republicana en la Unión Europea. No conozco bien qué hay detrás de esa ideología.
Así como lo piden algunos líderes, ¿podría haber un acercamiento entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas?
No estoy en condiciones de opinar sobre eso. Yo creo que el presidente del Gobierno ha dado muestras en el pasado de su buena disposición de conversar con el presidente (Carles) Puigdemont, como con cualquier otro presidente de cualquier comunidad autónoma de España, pero siempre lógicamente sin unos prerrequisitos que no son compatibles con la Constitución.