Sin los votos del partido oficial, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que obliga a las entidades públicas a simplificar trámites, es decir, eliminar cuellos de botella, reducir el tiempo para tomar decisiones, facilitar audiencias, abrir ventanillas únicas... muchas exigencias son desgaste económico y social sin que el país obtenga beneficio alguno al respecto.
El problema es que muchos funcionarios aplican sus ocurrencias al quehacer institucional, como la de poner “señales de tránsito” en el interior de fincas.
Estos exabruptos validan la frase de un pensador francés, Renan, de que lo único que le hacía concebir el infinito es la estupidez humana.
Facilitar es lo opuesto a entorpecer, como pavimentar es contrario de empedrar o simplemente de no hacer caminos nuevos, sino de dejar que la maleza y los aluviones destruyan las rutas que habían sido abiertas, un símil al que recurrió el escritor venezolano Rómulo Gallegos al referirse a caminos que la selva iba devorando: la lucha entre Ariel y Calibán, la civilización y la barbarie.
Algunos funcionarios sacan garrotes para hacerse sentir, ya que carecen de la imaginación y los conocimientos para aportar cosas buenas.
El caso más patético de complicar trámites versus aligerarlos es el de Transporte, que para sacarle cinco dólares a quienes solicitan licencia, se inventaron lo del “examen sicológico” que le cuesta a los pobres solicitantes muchísimo más dinero, fatigas, pérdida de tiempo en sus trabajos, etc., que lo que ellos se embolsan.
Los constructores vienen solicitando desde hace tiempo que sus permisos y autorizaciones puedan obtenerse en una ventanilla única versus ir de La Ceca a La Meca, de oficina en oficina con solicitudes, pidiendo firmas, etc., pero cada una de las entidades quiere asumir posturas arrogantes que obviamente cuestan dinero.
¿A quiénes les cuesta dinero? Obviamente no sólo a los constructores, sino a las personas que compran las casas y edificaciones que se hacen, a la gente que quiere tener su vivienda.
Esos encarecimientos se reflejan también en el mercado de trabajo: más trámites equivalen a mayores costos y estos, a su vez, a menor oferta de empleo.
Hay que aumentar el esfuerzo y trabajo,
no el número de activistas
La tramitología equivale a quitarle aceite a los motores y, al hacerlo, dañar su vida útil.
Ya que la ley se aprobó, todas las fuerzas económicas, los productores, los que suministran bienes y servicios a la población, deben analizar los trámites innecesarios o indebidamente complicados, para indicar cómo pueden reducirse o eliminarse si fuera el caso, pero sin afectar la seguridad o la transparencia de lo que se lleva a cabo, como digamos las exigencias sobre estructuras, fundaciones y similares.
Las gremiales deben encabezar y poner en marcha los esfuerzos para simplificar trámites, al igual que grupos de interesados como los transportistas que sufren tanto de la incapacidad de quienes administran las aduanas.
A causa, en gran parte, de exigencias innecesarias, impuestos confiscatorios y ocurrencias burocráticas es que El Salvador es el país menos competitivo en la región, después de brillar por la eficiencia de su mano de obra y de sus productores, que nos llevó a ser calificados como “los Japoneses de Centro-América”.
No deben los salvadoreños pasar del arado a la hamaca, del torno a la holganza, de la autosuficiencia a la dependencia como los cuarenta y tantos mil llegados en el presente gobierno.