Después de que las autoridades lanzaran un aparatoso despliegue de vehículos militares de combate en la capital, El Salvador fue embestido por una ola de homicidios. En unos cuantos días, la ofensiva criminal dejó al país la cantidad diaria de agresiones letales más alta registrada en el presente año. Según declaraciones brindadas por funcionarios del aparato de seguridad, este incremento en la cantidad de asesinatos se debe a una “purga” al interior de la MS-13.
Hay varias cosas de la versión oficial que simplemente no cuadran. Primero, una porción significativa de las víctimas no tenía nexos evidentes con las pandillas. Al ser cuestionado sobre este dato, Howard Cotto, director de la Policía, argumentó que, en ocasiones, los vínculos entre las víctimas y las pandillas no se logran establecer en el sitio del suceso, sino que posteriormente, a través de las investigaciones. Al momento de su respuesta, obviamente no se habían hecho las investigaciones correspondientes para descubrir las conexiones entre las víctimas y estos grupos, si no, hubiese sido parte de su respuesta ¿Cómo, entonces, pudo la Policía asegurar categóricamente que la ola de homicidios se debe a una pugna entre estructuras dentro de la MS-13?
Una posible respuesta a esta incongruencia es que información proporcionada por las unidades de inteligencia permitió vincular preliminarmente a las víctimas con las pandillas. Sin embargo, si este hubiese sido el caso, la respuesta de Cotto, hábil para manejar a los medios, hubiera sido en esa línea. No fue así.
Otra cosa que no cuadra con la versión de la Policía es que, en el contexto de la reciente ola de homicidios, las pandillas asesinaron a varios policías y soldados. A menos que estas víctimas hubiesen tenido un vínculo con las pandillas, sus homicidios no se pueden enmarcar en una pugna entre grupos rivales dentro de la MS-13. Es poco probable que ese sea el caso. Todo indica que los efectivos militares y policiales asesinados eran personas honestas, trabajadoras y comprometidas con sus instituciones y la sociedad salvadoreña. José Dimas Hernández Ostorga, policía ultimado en San Pedro Masahuat, La Paz, por ejemplo, era una persona religiosa, veterano de 20 años en la PNC, hombre de familia y muy disciplinado en su trabajo.
Las inconsistencias en la versión oficial sugieren que estamos frente a un escenario mucho más complejo del esbozado por los funcionarios, un escenario que difícilmente se controlará a punta de tanquetas y otros vehículos de combate. Aunque la versión de Cotto fuese veraz, el despliegue militar no tiene la capacidad de frenar el tipo homicidios que sostiene se suscitaron. El control de la pandilla o el control de disidentes requiere que la violencia sea planificada y dirigida en contra de objetivos definidos. Si las tanquetas no tienen impacto en ningún escenario ¿Para qué sirven entonces?
La ola de homicidios y las declaraciones de Cotto dejaron en ridículo al gobierno. Evidenciaron el poco tino de los estrategas detrás del abordaje oficial de la crisis en seguridad. Peor aún, mostraron la desesperación de un gabinete de seguridad que ya no sabe qué hacer para controlar la criminalidad (o aparentar que lo hacen).
Las autoridades se jactaron por varios meses de haber reducido los índices delictuales, aprovechándose de la ventaja que ofrecía comparar las cifras de este año con las del 2015 y 2016, período en que las pandillas decidieron intencionalmente romper todos los récords en las estadísticas criminales. El actual repunte de homicidios dejó claro que el nivel de violencia en el país no lo controlan las autoridades a través de la operatividad policial, lo controlan las pandillas. Estos grupos manejan a su antojo el número de homicidios que se cometen en el país, mientras las autoridades permanecen quietas, como peñas en el mar esperando la siguiente ola que la marea decide reventar sobre ellas.
*Criminólogo
@_carlos_ponce