Colombia está llegando a un acuerdo con las consecuencias políticas del plebiscito del pasado 2 de octubre durante el cual, por pequeño margen, los votantes rechazaron un acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual habían pasado negociando en los últimos cuatro años. Ahora, los funcionarios de Bogotá tienen que resolver una pregunta difícil: ¿Cómo puede el acuerdo modificarse para satisfacer tanto a las FARC como a la mayoría del público colombiano?
Durante las negociaciones, se hizo evidente que cualquier acuerdo de paz con las FARC implicaría compromisos importantes por parte del gobierno. Los militantes envejecidos de la izquierda, que conducen a las FARC, no tenían ninguna razón para desmovilizarse si eso significaba el encarcelamiento o la extradición a los Estados Unidos. Ellos, naturalmente, insistieron en la amnistía por sus crímenes. Por otra parte fue un tema la participación política, a fin de resolver si la lucha de cinco décadas daría a los rebeldes réditos políticos, lo que también fue central para cerrar el trato.
La dirección de las FARC no abandonó esos dos puntos hasta el cierre y estas concesiones del Gobierno resultaron ser demasiado difíciles para la mayoría de los votantes del no. Menos del 40 % de los votantes acudieron a las urnas, las que reportan un discreto margen, 50.2 % frente a 49.8 %, menos de 100,000 votos de los 13 millones emitidos.
Las FARC y el Gobierno tendrán que definir si hay espacio para negociar un nuevo acuerdo, que satisfaga las demandas de las partes, sobre todo considerando que se conoce nacional e internacionalmente la razón del fracaso: Los colombianos piensan que el Gobierno fue demasiado indulgente con los rebeldes.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sacrificó un quantum significativo de su capital político en la elaboración del acuerdo de paz fallido, pero aun así recibió un gran espaldarazo internacional con el Nobel de la Paz.
La situación está difícil. No hay garantía alguna que otros partidos políticos en el Congreso colombiano, la institucionalidad gubernamental o los electores, estén dispuestos a intentar de nuevo la aventura, sobre todo considerando el breve interludio para que un nuevo gobierno asuma el poder. El presidente Santos tratará de llevar a Álvaro Uribe, de Centro Democrático, que como oposición es el que más se opone al acuerdo de paz con las FARC, hoy en las discusiones sobre su posible renegociación. Previo al plebiscito del domingo 2 de este octubre, la retórica anti-FARC de Centro Democrático y Álvaro Uribe, su principal vocero, resonó internacionalmente y logró un importante peso político interno.
Esa resonancia alcanzó hasta nuestro país, ya que según el expresidente colombiano, Uribe, los acuerdos con las FARC provocarían la anulación de la iniciativa privada; tal como a su criterio ha ocurrido en El Salvador, donde el Gobierno pactó con el FMLN una amnistía y su participación en la vida democrática. Hoy la izquierda salvadoreña ostenta un segundo gobierno consecutivo. Según Uribe, sobre el caso salvadoreño, tras el acuerdo de paz que puso fin a 12 años de conflicto, los izquierdistas se “acabaron la economía”.
“Miren lo de El Salvador, los acuerdos amarraron la economía, la economía funcionó muy mal, se creó desconfianza de la inversión, produjeron una crisis social; a los 16 años la guerrilla se apoderó del poder, lleva ya siete años allí y están ahora en el peor de los mundos”.
Los próximos meses serán cruciales para determinar el destino de cualquier acuerdo de paz. Santos todavía tiene aproximadamente un año y medio antes de las elecciones legislativas y presidenciales. Y necesita negociar con Uribe y con las FARC.
* Columnista de El Diario de Hoy.
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