Qué envidia dan los chapines, la verdad. Aunque padecen de uno de los mismos males que ha plagado a tantas sociedades latinoamericanas, o sea, gobernantes que han usado el servicio público para enriquecerse, han respondido de maneras más valientes. El 20 de septiembre llenaron las calles con más de 205 mil ciudadanos (según cifras del movimiento Justicia Ya) que con un paro nacional buscaban demostrar su descontento con la corrupción de las autoridades y exigir reformas al sistema.
Y no es poco lo que la sociedad civil guatemalteca ha logrado hasta ahora: hace 2 años, en 2015, la presión ciudadana fue uno de los factores más importantes para lograr la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Lo verdaderamente envidiable es que han logrado trascender de la polarización y los colores partidarios, y en las calles y plazas, los colores que predominaban eran los de la bandera chapina. Tanto en la capital como en el interior del país, el clamor ciudadano se dejó oír a una sola voz, trascendiendo (quizás no totalmente, pero algo) las divisiones habituales entre campo y ciudad. En pocas palabras, lo que los chapines están protestando es lo mismo que podríamos protestarles a nuestros propios gobernantes: que se han aprovechado del poder para enriquecerse.
Específico al caso chapín, lo que muchos activistas exigen actualmente es una reforma a su legislación electoral y de partidos políticos para evitar la financiación con dinero oscuro y la protección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que tantos frutos les ha rendido y a la que tanto le teme su presidente, Jimmy Morales. Tanto así que su discurso frente a las Naciones Unidas solo vino a confirmar sus intenciones de debilitar las instituciones instauradas para exigirle cuentas y proteger el Estado de Derecho.
Las protestas no son solo en contra de la corrupción de Morales, sino también en contra de los legisladores que continúan protegiéndolo y se niegan a quitarle el fuero.
Los diputados, en su esfuerzo de proteger a Morales y protegerse de potenciales investigaciones por corrupción, intentaron pasar reformas legislativas diseñadas para que líderes de partidos políticos puedan evitar las consecuencias penales de violentar leyes de financiamiento electoral. Fue su Corte Constitucional la que tuvo que intervenir y obligarlos a corregir la plana, puesto que el espíritu de las reformas claramente era evitar la justicia y esto violentaba el Estado de Derecho.
La reacción de la sociedad civil ha sido también protestar las acciones de los diputados, llegando al punto que varios negocios les han negado sus servicios. Aunque ha habido críticas de que negar servicios comerciales por razones políticas raya en la violencia a los derechos civiles, hay que recordar que ser corrupto no es una condición natural inevitable, sino un ejercicio que se decide libremente y que acarrea terribles consecuencias sociales y erosiona el estado de derecho. No será hasta que los corruptos sufran consecuencias reales por sus actos --tanto legales como sociales-- que la corrupción comenzará a menguar.
Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra. Parte del problema está en la cultura de tolerancia y en la indiferencia. Los gobernantes deberían abstenerse de la corrupción no solo porque lo prohíben las leyes, sino porque deberían temerle a la sociedad civil cuando esta se organiza y protesta. En nuestro país, que existan políticos corruptos pone en evidencia que no nos tienen miedo. ¡Qué envidia da Guatemala!
*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg.