En pleno siglo XXI, para quienes monitorean la estabilidad de los sistemas políticos, la preocupación más grave en América Latina es la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia. La gente tolera menos el incumplimiento de las promesas de campaña, la agobian el desempleo, la inseguridad y la pésima calidad de los servicios públicos. Además ha entendido que la corrupción mata. Esta última afirmación la trajo a cuenta Delia Ferreira, una de las más importantes defensoras de la transparencia en América Latina, cuando se refirió al descarrilamiento de un tren en la Argentina cuyo mantenimiento, en teoría, debía realizarse periódicamente por la empresa responsable que recibía el pago de un subsidio especial. La tragedia dejó más de 50 fallecidos y varias centenas de heridos.
Tras el desagrado con la democracia viene el consentimiento de buena parte de la población para que un gobierno, sin importar si es democrático o no, utilice todo tipo de mecanismos, legales o ilegales, con tal que resuelva los problemas más urgentes. En Centroamérica y en República Dominicana, el aval para el autoritarismo alcanza al 50 % de los encuestados. Siguiendo esta línea, “el chavismo” concentró el poder político en Venezuela y aseguró las victorias electorales utilizando dinero público y a los empleados estatales para hacer campaña electoral. También tranquilizó las necesidades básicas de los más necesitados a través de las “misiones bolivarianas”, sin importar que esos programas no eran políticas públicas serias y por tanto no entregaban a los votantes soluciones duraderas a sus carencias.
Lo mismo está sucediendo en Nicaragua. Allí se ha instalado una “dictadura familiar” que también secuestró a las instituciones y diseñó un sistema electoral “a la medida” para permanecer en la presidencia de la República. El regreso de Daniel Ortega en 1996 y la manipulación de la institucionalidad democrática, descarrilaron un proceso en el que, ahora, no hay entidades públicas sólidas, la oposición política está anulada, la sociedad civil no reacciona, parte del sector privado actúa en complicidad con el régimen y a los pocos que repudian al oficialismo los reprimen.
Por otra parte, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla agregó tres epidemias adicionales que afectan al continente: el populismo, el clientelismo político y el inmediatismo. El primero engaña a la gente ofreciendo soluciones sencillas a situaciones complejas, sin importar la sostenibilidad de los remedios ni la capacidad financiera para que estos perduren en el tiempo. El segundo asegura triunfos electorales a cambio de dádivas que reciben los más pobres, puestos de trabajo en oficinas públicas para los militantes del partido ganador y programas asistencialistas que no mejoran la vida de los habitantes ni promueven la movilidad social. Y finalmente el inmediatismo. Este “flagelo” es quizás el más peligroso. Se trata de la ausencia total de una visión de país para el largo plazo. Precisamente los populistas utilizan la ansiedad de las familias para ofrecer resultados veloces que alivien temporalmente las angustias del pueblo.
Todo este contexto presagia una realidad muy frágil para el gobierno, los partidos y la sociedad civil en El Salvador. Declararse en “emergencia”, porque no se cuenta con los recursos para pagar las deudas del Estado alerta a los empleados públicos, a los pensionados, a los inversionistas y a toda persona que trabaja y reside en el territorio nacional. Indudablemente el fracaso en la entrega de resultados aumenta la falta de confianza en la democracia y provoca el debilitamiento de las instituciones, la decadencia de los partidos tradicionales y el surgimiento de “superhéroes” que, valiéndose de la “antipolítica”, son aclamados por las masas cuando irrumpen en la escena pública despotricando contra los que le “robaron” la esperanza a los ciudadanos. Luego aplican la receta que ya señalamos: la compra de voluntades, la “salvación exprés” de quienes padecen la pobreza y el “truco de magia” para arreglar las crisis en un abrir y cerrar de ojos sin una agenda estratégica que garantice el crecimiento económico, la seguridad pública y la estabilidad de la democracia.
No conviene entonces manipular políticamente la situación fiscal ni tomar medidas que, imitando al pasado, violenten la Constitución y perjudiquen el futuro de todos. Ese camino nos expone a un caos colectivo que será difícil desenredar.
*Columnista de
El Diario de Hoy.