Un transportista y su hijo fueron acusados por la Fiscalía General de colaborar con la mara Salvatrucha (MS) que operaba en Santa Ana.
Los supuestos vínculos que tenían este hombre y su hijo con la referida pandilla fue el hecho de haber sido contratados para que transportaran una refrigeradora a la casa de un cabecilla de la MS, según se conoció en la primera audiencia contra 75 personas detenidas en la operación Tecana.
Este padre y su hijo eran parte de esos detenidos y esta semana enfrentaron su primera audiencia en el Juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador.
No obstante, el transportista y su hijo quedaron en libertad ayer, pero seguirán siendo procesados judicialmente, al menos en los próximos seis meses. La jueza no encontró mayores indicios del delito por los que fueron acusados ante el referido tribunal.
Padre e hijo son dos de las nueve personas que recobraron su libertad por orden del referido tribunal antimafia, pero tendrán que cumplir con una serie de condiciones impuestas por el mismo.
Estas nueve personas deberán de presentarse cada cierto tiempo al tribunal, no salir del país, no cambiarse de domicilio y no relacionarse con pandilleros, según fuentes judiciales.
Entre otros que quedaron en libertad figuran tres agentes de la Policía que eran acusados de simulación de delito y organizaciones terroristas.
Los otros 66 detenidos en la operación Tecana, que tenía como objetivo el despojo de bienes y dinero a la pandilla MS, seguirán detenidos en los próximos seis meses, según la decisión judicial.
Otros tres agentes de la PNC, entre ellos una mujer policía, permanecerán en prisión porque la jueza considera que hay peligro de fuga.
En el plazo de los seis meses, la Fiscalía General tendrá el tiempo necesario, según la jueza, para reforzar las pruebas presentadas al tribunal y recabar otras evidencias en contra de los procesados.
Además, la jueza Antimafia le dio credibilidad a la declaración de “Bons”, quien es el testigo clave de la Fiscalía, para decretar la detención de los 66 imputados.
La jueza señaló que el testigo Bons conocía a profundidad el grupo de la MS que operaba en la colonia Nazareth de Santa Ana, porque él ingresó a la misma en 2001, en ese entonces de 13 años.
Agregó la jueza: “Cómo no va a conocerlos, si él vivió dentro de la pandilla. Además tuvo importantes cargos dentro de la pandilla, cuya presencia se extendía hasta Candelaria de la Frontera, Santa Ana”.
Sostuvo que Bons pudo conocer a todos los integrantes de esa pandilla, sus cargos, sus funciones, los delitos que cometió cada uno de ellos, debido a que perteneció por mucho tiempo a la pandilla MS.
La jueza también destacó la importancia de las escuchas telefónicas en la investigación de este grupo de la MS que operaba en occidente.
Sostuvo además que a través de las escuchas telefónicas se pudo obtener importante información que luego fue corroborada por policías y fiscales, como por ejemplo, la situación financiera de la mayoría de los procesados, cuentas bancarias, transacciones económicas que la mayoría de los imputados no lograron justificar.
La mayoría de los 75 procesados no están “perfilados como pandilleros (por las autoridades), pero si son colaboradores de la pandilla MS, dijo la jueza.
De hecho, 51 de los detenidos son “propietarios” de 36 negocios que funcionan en Santa Ana y que se supone eran utilizados por la MS para lavar el dinero ilícito producto de las extorsiones, venta de drogas y otros delitos.
A estos 36 negocios la pandilla MS les habría inyectado cerca de $2 millones para reactivarlos o iniciar sus operaciones comerciales, según las investigaciones policiales.
La jueza resolvió que el caso por el intento de homicidio del testigo Bons, el cual se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción, sea anexado al proceso del caso Tecana por estar relacionado.
Por intentar asesinar al testigo clave de la Fiscalía es procesado César Larios López, supuesto cabecilla de la MS de Santa Ana, y quien residió varios años en Estados Unidos de forma ilegal.
Larios López recibió más de $70 mil para su manutención desde El Salvador, dinero producto de las extorsiones, según la Fiscalía.