Respecto de la crisis fiscal el gobierno y los partidos presuntamente están conscientes de dos aspectos: si no logran un acuerdo las consecuencias serán dolorosas y afectarán grave y electoralmente a la clase política y, principalmente, a la población en general. Por el contrario una solución consensuada podría sentar las bases para un compromiso de largo plazo en relación al endeudamiento público, al crecimiento económico, a los ingresos que necesita el Estado y al uso eficiente del gasto público.
La falta de un diálogo serio, sin responsabilidad política y con un alto grado de desconocimiento técnico del problema, tal y como se los señaló la Cooperación Internacional a los líderes políticos, funcionarios y a representantes de distintos sectores, en un intento por agilizar la adopción de ciertas medidas, provocaría “la pérdida de confianza en la capacidad del Estado, inestabilidad política, la caída en la calificación de riesgo con el consecuente aumento de los intereses de la deuda, la incapacidad de obtener financiamiento externo, el desplome de la inversión y el consumo y, lo más grave, la precipitación de la fuga de capitales así como la restricción gubernamental para retirar los depósitos de los ahorrantes en los bancos”.
Mientras tanto el establecimiento de un pacto partidario, con el concurso del sector privado y el aval de otros actores sociales, restablecería la confianza en El Salvador. La certidumbre política y jurídica son dos de los antídotos más eficaces para blindar a la economía, atraer empresas extranjeras y generar empleo. Además permitiría a las autoridades regresar a lo importante: la satisfacción de las necesidades de la gente. Nos referimos al ambiente de inseguridad que continúa afectando a la comunidad, a la finalización de los proyectos de infraestructura estratégica como el Puerto de La Unión, a la reconstrucción de la red vial interdepartamental, y a emprender una campaña cívica orientada a fortalecer la cultura tributaria de los contribuyentes para exigir factura por la adquisición de bienes o servicios.
Si continúan las descalificaciones por parte del oficialismo acusando a la oposición de querer llevar al “impago al gobierno” porque “está empujando a los sindicatos de empleados públicos a crear caos y a salir a las calles” y debido a que “hay elecciones a la vuelta de la esquina”, es muy probable que la delgada cuerda, que en este momento mantiene en la mesa a quienes tienen la obligación de resolver este dilema, se rompa y con ella también se descalabre la gobernabilidad.
A diferencia de otras ocasiones ahora se ha entendido que la situación es eminentemente política. Ciertamente también es técnica, porque se requiere del análisis reposado, sin matices ideológicos, del impacto que causarían ciertas medidas contenidas en las propuestas de ambas partes. Sin embargo admitir que la salida a una dificultad de muchos años depende de la voluntad de los partidos, la empresa privada, los académicos y las organizaciones civiles entendidas en la materia, es un avance irrefutable.
También lo es el hecho que la Comisión Política del FMLN reconozca en el nuevo liderazgo de ARENA la idoneidad y el talento para discutir y llegar a un entendimiento firme que ponga punto y final a una disputa sobre un componente básico del desarrollo: la identificación clara y precisa del proyecto de nación que necesitamos. Luego viene la cuantificación del valor para alcanzar ese objetivo y el establecimiento de las condiciones que aseguren el trayecto adecuado. Algunas de estas últimas se refieren a los límites al endeudamiento público, a las apuestas sectoriales, a los incentivos para el emprendedurismo de micro y pequeños empresarios, al combate a la evasión y a la corrupción en cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes secundarias y a la lucha contra el crimen.
Forzar una “conciliación” sobre la base de amenazas como la “desdolarización”, la reforma del sistema de pensiones, el cobro de la deuda tributaria a través de mecanismos que irrespetan por completo el debido proceso, y mediante la aprobación de nuevos impuestos sin ninguna acción que restrinja el gasto, profesionalice la función pública ni promueva el dinamismo del mercado, sería más de lo mismo y llegaríamos al 2017, año preelectoral, con el ultimátum real de un país al borde del colapso.
*Columnista de El Diario de Hoy